Cinco de los 34 encausados por el “procés” ante el Tribunal de Cuentas evitan acogerse al aval del Govern

Los 34 exaltos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas por gastos para promover el “procés” entre 2011 y 2017 a nivel internacional han depositado ya la fianza de 5,4 millones de euros. Si bien, no todos se han acogido al fondo público dotado con 10 millones de euros que ha activado el Govern: cinco de ellos han optado por liquidar las cuentas pendientes con sus propios bienes, una circunstancia significativa que puede invitar a pensar también que hay dudas entre los propios afectados sobre la operación del Govern.

No obstante, también han precisado voces de la conselleria de Economía que las cantidades que tenían que depositar eran mínimas y muy asumibles de forma individualizada. En este sentido, cabe recordar que el dinero que se reclama es individualizado, aunque si hay alguno de los 34 que no alcanza a cubrir todo lo que se le pide, el resto tendrá que pagar por él de forma solidaria.

Entre los encausados están Artur Mas y su exconseller de Economía, Andreu Mas-Colell; Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el exconseller de Exteriores, Raül Romeva; o, el exresponsable del Diplocat, Albert Royo. Todos ellos, a los que se les reclama cantidades millonarias, han optado por acogerse al fondo público. Desde la Generalitat han evitado informar sobre quiénes han sido los cinco encausados que han pagado ya por cuestiones de privacidad.

Lo cierto es que en esta causa también hay funcionarios, como la exinterventora de la Generalitat, Mireia Vidal, que ha recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo para frenar el plazo de la fianza, ya que el Tribunal de Cuentas rechazó dar 15 días más como se había pedido. En su caso, la fianza asciende a casi 3,5 millones de euros.

Si bien, el Tribunal de Cuentas ha dado finalmente dos días más para que los encausados terminen de formalizar la fianza, aunque tampoco parece que serán necesarios. “Los avales ya se han formalizado ante notario y los abogados de los encausados se los hacen llegar al Tribunal de Cuentas”, han explicado desde la Conselleria de Economía de la Generalitat.

En paralelo, el Govern continúa trabajando en la búsqueda de un banco (ahora, en el extranjero) para que avale la fianza (la Generalitat actuaría como contraaval) porque, en estos momentos, es el Institut Català de Finances quien está detrás de los fondos abonados. Esta maniobra está en estudio tanto por el propio Tribunal de Cuentas, para valorar si la acepta, y por el Gobierno, para ver si la recurre ante el Tribunal Constitucional. La Moncloa, no obstante, está a la espera del dictament del Consell de Garanties Estatutaries (órgano del Parlament que actúa como asesor en temas jurídicos), que se publicará el 29 de julio.