Shakira, a un paso de juicio por fraude fiscal a Hacienda

La Agencia Tributaria española remitió un nuevo informe al juzgado en el que ratifica que la cantante Shakira defraudó 14,5 millones de euros (17,4 millones de dólares al cambio actual) a Hacienda entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España y ocultando sus ingresos mediante un entramado de sociedades.

Según informaron fuentes jurídicas este miércoles, en su informe adicional sobre el caso, los técnicos de Hacienda española contradicen los argumentos de la defensa de la cantante colombiana, que esgrime su agenda de conciertos y televisiva para tratar de demostrar que permaneció menos de 184 días en España y, por lo tanto, no tenía obligación de tributar en este país.

Ante esa situación, la titular del Juzgado de instrucción número dos de Esplugues de Llobregat citó a declarar para el próximo 8 de julio a los técnicos de Hacienda y a los peritos de la defensa para que le expongan su tesis sobre cuáles eran las obligaciones fiscales de Shakira.

En enero del año pasado, dos actuarios de la Agencia Tributaria ya declararon ante la juez instructora y se reafirmaron en el informe que en su día enviaron a la Fiscalía para comunicar que la artista habría estado evadiendo el pago del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ) entre los años 2012 y 2014.

A raíz del informe de Hacienda, la Fiscalía española presentó en diciembre de 2018 una querella contra la cantante y su asesor fiscal en Estados Unidos, a los que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por urdir un “plan” para no pagar ni el IRPF ni el impuesto sobre el patrimonio, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que Shakira percibía.

Concretamente, el ministerio público sostiene que la cantante “canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional” -sus actuaciones o participación en el programa estadounidense “The Voice” o la comercialización de perfumes con su nombre-, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.

El ministerio público considera que la querellada tenía la obligación de pagar sus impuestos a la Hacienda española, dado que permaneció en el país más de 183 días, tiempo necesario para adquirir la condición de residente fiscal tanto en España como en Estados Unidos.

Shakira ya devolvió a la Agencia Tributaria los 14,5 millones que esta le reclamaba, más las correspondientes deudas e intereses, pero insiste -y así lo mantuvo ante la juez instructora cuando la citó como investigada- que en las fechas analizadas no tenía obligación de tributar en España.

La cantante sostiene además que fijó su residencia en Esplugues de Llobregat (Barcelona) en 2015, cuando dio a luz a su segundo hijo, y que hasta entonces únicamente realizaba visitas puntuales debido a su relación sentimental con su actual pareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué.

Shakira alegó ante la juez que sus ausencias no eran esporádicas sino que realmente residía en el extranjero, ya que mantenía una agenda de conciertos internacional y participaba en el programa televisivo “The Voice” en Estados Unidos.

Parece que esta vez no podrá evitar, salvo pacto de última hora con la fiscalía, sentarse en el banquillo de los acusados por fraude fiscal. Después de tres años de investigación, el juez ha cerrado la instrucción y ha concluido que existen “indicios suficientes” para que la artista colombiana vaya a juicio por evitar el pago de 14,5 millones de euros. La fiscalía acusa a Shakira de seis delitos fiscales, lo que, en caso de condena, podría llevarla a la cárcel.

Shakira habría dejado de tributar en España durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014, pese a tener obligación de hacerlo por tener aquí su residencia fiscal”, afirma el titular del juzgado. La cantante ha mantenido desde el primer momento que, durante esos años, estuvo residiendo en Bahamas y que solo visitó España de forma “esporádica”. Pero esa tesis ha sido desmontada de forma reiterada por los inspectores de Hacienda. Shakira, concluye el juez, debió haber pagado 14,5 millones en concepto de IRPF e impuesto de sociedades. La cantante y los otros querellados “emplearon una serie de sociedades mercantiles” para que figurasen como titulares del patrimonio de la cantante.