El Consejo de Garantías Estatutarias avala el fondo público para las fianzas del procés pero pide que sea “excepcional”

El Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano consultivo que vela porque las normas catalanas se ajusten a la ley, ha dado luz verde y ha avalado el decreto de la Generalitat para crear un fondo con 10 millones de euros que avale las fianzas requeridas por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos mediante Institut Català de Finances (ICF). Eso sí, pese al “OK final” por unanimidad, recomienda retocar algunos artículos de peso. En concreto, el dictamen sugiere modificar el artículo 4.7, el artículo 5 y la disposición transitoria del decreto, que hace referencia a que si no se consigue que una entidad financiera privada se haga cargo de los avales, sea el ICF, un organismo público, el que avale esas fianzas como ha acabado ocurriendo.

De hecho, el organismo advierte de que el sistema de avales y contraavales de la Generalitat sufragado finalmente por el ICO catalán debe ser “excepcional y muy limitado en el tiempo” dada su “naturaleza pública” y pide especificar durante cuánto tiempo el ICF asumirá el aval. El organismo también reclama concretar con qué tipo de sentencia los supuestos condenados deberían devolver el dinero a la Generalitat al tratarse de fondos públicos.

Tras haberse hecho público el dictamen, no vinculante pero sí definitorio a nivel político, los grupos parlamentarios tendrán una hora y media para analizarlo (hasta las 19 horas) antes de votar en el pleno el decreto de creación del fondo. Los partidos independentistas ya han asegurado su voto positivo, aunque la duda está en saber qué hará el PSC -uno de los partidos solicitantes- y los comunes.

Cabe recordar que, después de la fallida búsqueda de un banco que actuara de avalista, la Generalitat decidió que fuera el Institut Català de Finances (ICF) el que abonará los 5,4 millones de euros que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos de la Generalitat por los gastos en la promoción en el exterior del “procés” entre 2011 y 2017. Un movimiento que supuso la rectificación expresa del titular de Economía, Jaume Giró, quien había asegurado que el ICF -un ente público parecido al ICO y que el Govern quiere convertir en banca pública- no se haría cargo de la operación por temor a comprometer a sus empleados.

Lo cierto es que el decreto que aprobó la Generalitat el pasado 6 de julio para constituir un fondo público dotado con 10 millones de euros para avalar a los 34 excaltos cargos se ideó para que funcionara como un seguro privado: un banco privado ponía el aval y el Govern, el contraaval. Sin embargo, el Ejecutivo de Pere Aragonès añadió una disposición adicional en la propia norma en que decía que si no encontraba banco, de forma provisional se encargaría de avalar el ICF, un extremo que ha terminado siendo el escogido y que está en el punto de mira del Tribunal de Cuentas.

Es más, el ente fiscalizador, que ha impuesto una fianza de 5,4 millones de euros a 34 ex altos cargos de la Generalitat, solicitó el pasado martes un informe a la Abogacía del Estado sobre la legalidad de los avales del ICF para cubrir las fianzas, ante las “dudas” legales que le suscitaba la operación.