Cs denuncia al Govern ante el TSJC por destinar dinero público para avalar las fianzas del “procés”

Califica a los consejeros de la Generalitat de “colaboradores necesarios” de un presunto delito de malversación por el decreto

El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, durante una sesión plenaria en el Parlament de Cataluña
El conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat, Jaume Giró, durante una sesión plenaria en el Parlament de CataluñaDavid Zorrakino Europa Press

Sigue la ofensiva judicial de Ciudadanos contra el fondo público del Govern para cubrir las fianzas del “procés” interpuestas por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos, entre ellos a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Artur Mas. El partido naranja lleva al Govern a los tribunales y ha denunciado a los miembros de Ejecutivo como “cooperadores necesarios” del presunto delito de malversación que achaca al Institut Català de Finances (ICF) -el “ICO catalán”- por los avales a los encausados.

Cs ya presentó una denuncia con el mismo contenido ante la Fiscalía Superior de Catalunya, que aceptó investigar a la junta directiva del “ICO catalán” por la concesión de los avales pero dejó fuera del caso a los miembros del Govern porque son aforados al TSJC y la causa pertenece a este tribunal.

Por eso, el fiscal archivó la denuncia referente a los miembros del Ejecutivo de Pere Aragonès y señaló que el TSJC ya tenía una causa abierta por estos mismos hechos tras dos querellas interpuestas por Vox y Convivencia Cívica. Ahora, Cs pide al tribunal que una su nueva denuncia a esta misma causa.

Esta nueva ofensiva judicial de Cs llega apenas unas horas después de que el Parlament validara el decreto del Govern para la creación de un fondo público de 10 millones de euros a través del que se canalizan los mencionados avales a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros impuestas por el Tribunal de Cuentas mientras les investiga por la promoción del procés en el extranjero entre 2011 y 2017. La cámara dio el visto bueno al mecanismo ideado por el Ejecutivo con los votos a favor de los partidos independentistas, la abstención de PSC y comunes y el rechazo de PP, Cs y Vox.

El decreto había recibido previamente el aval del Consejo de Garantías Estatutarias, que dictaminó en un informe no vinculante que la norma es constitucional, si bien recomienda afinar el redactado para “disipar dudas” al respecto. De hecho, el visto bueno incorpora importantes matices y advierte de que el sistema de avales y contraavales de la Generalitat sufragado finalmente por el ICO catalán debe ser “excepcional y muy limitado en el tiempo” dada su “naturaleza pública” y pide especificar durante cuánto tiempo el ICF asumirá el aval. El organismo también reclama concretar con qué tipo de sentencia los supuestos condenados deberían devolver el dinero a la Generalitat al tratarse de fondos públicos.