La Generalitat recauda solo 5,2 millones, el 19% de las multas del primer estado de alarma

Hace más de 16 meses que Pedro Sánchez decretó el estado de alarma y el confinamiento domiciliario para toda la población española, a excepción de los servicios esenciales, para intentar lograr frenar el avance de el coronavirus en España. Ahora, tras todo este tiempo, las administraciones intentan volver a la normalidad aunque en Cataluña el funcionamiento de ciertos departamentos no consigue despegar.

Durante el primer estado de alarma de la pandemia se impusieron las restricciones más severas lo que llevó a los cuerpos de policía a tener que realizar controles para poder identificar a todos aquellos que incumplían las normas. Así, se intentó frenar el avance del virus que en los primeros meses de la pandemia provocó miles de muertes y un colapso total del sistema hospitalario español.

A raíz de estos controles se pusieron más 170.000 multas en todo el territorio catalán, cifra que ascendió a más de un millón en toda España. Solamente en la ciudad de Barcelona, la policía puso más de 50.000 multas durante el primer estado de alarma por la crisis del covid, entre los meses de marzo y mayo de 2020. En concreto, 49.000 sanciones (30.000 de la Guardia Urbana y el resto de Mossos d’Esquadra).

Ahora, tras todo este tiempo, la Generalitat ha reconocido que solo ha podido cobrar el 19% de las multas impuestas durante el periodo del primer estado de alarma. Esto supone que las arcas públicas catalanas han recaudado solamente 5,2 millones, cifra que sería muy superior si la administración hubiera cobrado una parte mayor.

Esto se ha debido al gran colapso dentro del departamento de Interior que ha sido incapaz más de un año después de gestionar todas las multas interpuestas. Algunas, además, han caducado debido al tiempo de espera con el que han llegado a los infractores lo que genera que la Generalitat no pueda recaudar muchas de ellas.

El colapso de la justicia también está afectando en gran medida a la causa. Un buen ejemplo es el dado por la jueza decana de Barcelona en funciones, Mercè Caso, afirmó que los juzgados contenciosos de la ciudad de Barcelona podrían alcanzar un retraso de cuatro años al recibir el “tsunami” de recursos a las sanciones impuestas durante el confinamiento.

En la presentación de la Memoria Judicial de 2020, Caso explicó que los juzgados de esta especialidad están en una situación “particularmente alarmante”, con una media de 16 meses para resolver los asuntos, y dos superando los 24 meses. Así, tanto el colapso para tramitar las multas como el de los recursos está llevando la situación al límite.

Pero ese no es el único problema al que se enfrentará la Generalitat en los próximos meses. Con la sentencia del Tribunal Constitucional en el que se reconocía una extra limitación en el primer estado de alarma con el confinamiento, se abrió la posibilidad de que las multas fueran anuladas si los ciudadanos recurrían la imposición de estas. Esto podrá provocar una avalancha de reclamaciones de aquellas que ya han sido tramitadas o las que está por comunicar en los próximos meses.

Ante esta nueva situación la Generalitat podría ver aún más colapsado el sistema de tramitación de estas y las reclamaciones pertinentes que tan lastrado ha estado en este tiempo. Con solamente un 19% de ellas cobradas en los 16 meses desde que estalló la pandemia, parece muy complicado que la Generalitat pueda dar una vuelta considerable a la situación.