Economía

El Gobierno y la Generalitat acuerdan la ampliación del aeropuerto de El Prat

Ambas administraciones reactivan la Comisión Bilateral con el objetivo de negociar traspasos de competencias de aquí hasta enero

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El Gobierno y la Generalitat han llegado a un acuerdo para la ampliación del aeropuerto de El Prat justo el mismo día en que se ha reactivado la Comisión Bilateral. De esta manera, ambas administraciones han dado un importante paso adelante en el deshielo de las relaciones tras años marcados por el desacuerdo y la tensión a raíz del “procés”, aunque la valoración de la reunión de cada parte es distinta: para Moncloa ha sido “fructífera”, mientras que para el Govern ha sido “insuficiente”.

Con la ampliación del aeropuerto, que había generado mucho debate entre los distintos actores políticos (Podemos estaba en contra por el impacto medioambiental que puede tener sobre la laguna de la Ricarda; Esquerra tenía dudas; y, PSOE y JxCat estaban a favor), se prevé una inversión de 1.700 millones por parte de Aena, que se “transformarán” en 365.000 empleos indirectos, 85.000 directos y un impacto de dos puntos en el PIB catalán (el aeropuerto supondrá el 8,9% del PIB catalán), según ha explicado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

El acuerdo sobre el aeropuerto se ha dado tras una reunión matutina entre el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en Madrid. El encuentro ha sido discreto y ya por la tarde se ha reunido la Comisión Bilateral. Las obras de la ampliación de El Prat empezarían el próximo año y el proyecto se aprobará en el Consejo de Ministros el 30 de septiembre.

Pero más allá de este importante acuerdo, tampoco ha habido sustanciales avances en otros asuntos sectoriales de la agenda social y económica. En este sentido, Gobierno y Generalitat se han limitado a establecer un calendario de diálogo para el próximo semestre para abordar multitud de aspectos, entre lo que aparece principalmente transferencias, traspasos e “incumplimientos”.

Los cinco compromisos a los que han llegado son los siguientes: reducir la conflictividad institucional (para evitar pleitos en el Tribunal Constitucional); abordar en la comisión mixta de transferencias la transferencia de las becas universitarias (octubre); crear un grupo de trabajo para ver la viabilidad de los 56 traspasos que reclama la Generalitat; la reactivación de la comisión de infraestructuras (noviembre), donde se pondrá en marcha un grupo de trabajo para abordar las trasferencias de los servicios de viajeros de ferrocarril y cercanías sobre la red de Ancho Ibérico (es decir, se trabajará en el traspaso de Cercanías); y, la reactivación de la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales (diciembre).

La Generalitat ha criticado que la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales se celebre tan tarde ya que es el espacio en que se estudiarán los costes que pueden tener los traspasos. En todo caso, la consellera de presidencia, Laura Vilagrà, ha destacado tres acuerdos concretos: el traspaso becas, que se cerrará en octubre para que entre en vigor el curso siguiente; la creación de dos grupos de trabajo para transferir la gestión del Ingreso Mínimo Vital y abordar las rentas del alquiler (entre otras cosas, retirar el recurso sobre la Ley catalana de límite a los precios del alquiler); y la posibilidad anticipar la edad de jubilación a los Mossos d’Esquadra antes de llegar a los 60 años y tratar de llegar a los 22.000 efectivos de la policía catalana (17.300 hay ahora).

Cada mes habrá una cita de diálogo entre Gobierno y Generalitat y arrancará en septiembre con la mesa de negociación para abordar la crisis política y concluirá a finales de enero con una nueva reunión de la Comisión Bilateral para hacer balance de los avances. El Gobierno, en todo caso, ha cumplido con su palabra y ha rechazado abordar los fondos europeos en la reunión.

En cuanto al dinero, Rodríguez ha explicado que se ha acordado dar cumplimiento a la disposición adicional tercera del Estatut (que indica que el Estado debe hacer inversiones en infraestructuras en Cataluña durante siete años por el mismo valor de su porcentaje de PIB en España) con una inversión de 200 millones de euros (100 millones de euros de manera inminente y otros 100 millones antes de final de año). Si bien, la Generalitat advierte de que todavía faltan 3.800 millones de euros por destinar a Cataluña.