Rebelión municipal contra la ampliación del aeropuerto de Barcelona

No había pasado ni unas horas que el mundo municipal ya se revolvía ante el supuesto acuerdo entre la Generalitat y el Gobierno por la ampliación del aeropuerto de Barcelona. Y decimos supuesto no hay demasiado novedad al respecto. Es decir, nada se ha movido y el acuerdo entre todas las partes implicadas está más que lejos. Al fin y al cabo, entre los socios de gobierno de la Generalitat sólo Junts ve con buenos ojos el proyecto. ERC deshoja la margarita y la CUP está radicalmente en contra. Por si eso fuera poco, los dos principales ayuntamientos implicados, Barcelona y El Prat, tampoco están por la labor.

Así las cosas, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, mostró su “sorpresa y decepción profunda”. “Lamento que se haya roto el diálogo”, criticó la alcaldesa, que también acusó al vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, de convertirse en el “portavoz de Aena” y de haber “comprado el 100 % del discurso de Aena”. Colau pidió a la Generalitat y al gobierno central que rectifiquen sobre el acuerdo, que se ha hecho “de espaldas a la ciudadanía”, en una “reunión casi secreta y precipitada” a inicios del mes de agosto. La alcaldesa reclama también “desenmascarar la gran mentira” que supone, a su juicio, que el acuerdo se haga para fomentar la economía: “La ampliación del aeropuerto es apostar por un modelo del pasado” que será " un negocio para unas pocas empresas a costa de especular con el territorio “y que favorecerá” al turismo masificado“. Ante esto, Colau fue contundente: “Lo que necesitamos es una economía del futuro”.

El alcalde de El Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler, a su vez, al Govern de “ceder al chantaje de Aena” después de que haya trascendido el acuerdo este lunes entre la Generalitat y el Gobierno para ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Mijoler ha pedido la comparecencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, “que es quien convocó la mesa institucional y el que tiene que dar las explicaciones sobre este pacto, hecho con nocturnidad, en un mes de agosto, que es inadmisible”. Ha añadido que tanto el Gobierno como la Generalitat han negociado el acuerdo “con una deslealtad absoluta, de forma unilateral, fuera de la mesa institucional”, y aseguró que el Govern miente -en sus palabras- en cuanto a la afectación medioambiental que el proyecto puede tener sobre el espacio natural de la Ricarda.

La posición de Colau (BComú) respecto a la ampliación del aeropuerto es diferente de la del primer teniente de alcalde, Jaume Collboni. El socialista celebró el acuerdo y lo calificó de un “triunfo del sentido común”. Esta diferencia entre los socios de gobierno de Barcelona se ha evidenciado varias veces en los últimos meses, en los que la formación de Colau ha rechazado frontalmente el proyecto inicial planteado por Aena, mientras que los socialistas la han defendido pero “con exigencias”. De hecho, estas diferencias se han visto en votaciones a comisiones en el Ayuntamiento de Barcelona.

Mientras, el presidente del gobierno catalán, Pere Aragonés, califica el acuerdo con el Estado para ampliar el aeropuerto del Prat como un “punto de partida inicial”. Asegura que toda decisión “debe supeditarse a las exigencias de la Comisión Europea y la preservación del entorno natural”. El presidente ha explicado que el acuerdo quiere potenciar el aeropuerto de Barcelona-El Prat como un “hub” internacional, pero “sin prisas ni ultimátums”, y protegiendo el delta del Llobregat. “Se ha ganado tiempo para hacer las cosas bien”, asegura Aragonés.Aragonés sitúa el debate del futuro del aeropuerto en la elaboración de un plan director que se discutirá en el marco de la mesa de trabajo, en el que están representadas todas las partes implicadas. Aquí se debatirán todos los estudios y los criterios técnicos y medioambientales. También se podrán discutir todas las posibilidades, asegura el presidente, incluso que la necesidad de ampliar la tercera pista. “Quedan muchos meses para concretar y definir cómo será el aeropuerto del Prat dentro de unos años”, afirma. Las entidades ecologistas y del territorio se han mostrado muy críticas con el acuerdo con el Estado porque consideran que no garantiza la preservación del espacio protegido de La Ricarda.