La ampliación del aeropuerto de El Prat acentúa la división del soberanismo

La política catalana ha cerrado el curso político para irse de vacaciones con la importante reforma del aeropuerto de El Prat encima de la mesa. Una ampliación atada entre el Gobierno -encabezado por la titular de Transportes, Raquel Sánchez (exalcaldesa de Gavà, municipio colindante)- y la Generalitat -con el vicepresidente Jordi Puigneró (JxCat) al frente- que ha generado fuertes críticas internas y externas entre sus protagonistas y ha acentuado la división dentro del propio soberanismo.

Un rompecabezas con distintas piezas por encajar no sólo entre partidos sino también entre administraciones.El choque ha sido notorio en las últimas horas, con la alcaldesa Ada Colau a la cabeza del aluvión de críticas del ámbito municipalista -no del PSC, a favor del proyecto- que el propio Govern trata de apaciguar. Por ello, hoy el conseller de Empresa y Trabajo, el republicano Roger Torrent, ha considerado “imprescindible” el consenso territorial para la ampliación del aeropuerto de El Prat y ha subrayado que cualquier actuación ha de estar “supeditada” a cumplir los criterios medioambientales exigidos por la Comunidad Europea (CE). En una entrevista con EFE, Torrent ha hecho un llamamiento a la calma y ha calificado de “fundamental” tener el consenso del territorio para que el proyecto salga adelante.

Y es que el acuerdo, lejos de contar con el apoyo unánime del territorio, ha suscitado el rechazo de ecologistas y de varios alcaldes, entre ellos el de El Prat de Llobregat, Lluís Mijoler, y la de Barcelona, las citada Ada Colau, las dos localidades más implicadas. Mijoler -vinculado también a los comunes- ha acusado al Govern de haber actuado con “deslealtad” y de haber “cedido al chantaje de Aena”, mientras Colau cree que se trata de un “negocio” para unas pocas empresas que quieren hacer grandes beneficios a costa de especular con el territorio. Diferencias a tener en cuenta dado el interés y la voluntad de ERC de ampliar “la base del soberanismo” y llegar a acuerdos fuera del “procés” con la órbita de los comunes y Podemos.

Diferencias entre partidos

Jordi Puigneró, hombre fuerte de Carles Puigdemont en el Ejecutivo catalán, acaparó foco y protagonismo al negociar antes de la bilateral entre Gobierno y Generalitat un acuerdo de 1.700 millones de euros para la ampliación de El Prat y su unión en AVE con los aeropuertos de Reus y Girona para crear un hub interconectado haciendo de los tres un único destino internacional. La afectación medioambiental, como la protección de la laguna de la Ricarda, han quedado fuera del pacto a la espera de la opinión de la Comisión Europea.

Ante este escenario y en la misma línea que Roger Torrent, el president Pere Aragonès sigue esquivando charcos, defiende que había que atar la inversión, pide más tiempo y advierte de que será un proceso de trabajo largo amparándose en la elaboración de un Plan Director que minimice el impacto medioambiental. Y es que Aragonès es consciente que en ERC, su partido, hay debate y opiniones que ponen en duda la ampliación: por ejemplo, el exdiputado en el Congreso Joan Tardà ha reclamado una consulta a la militancia sobre el asunto.

En el otro lado, en Junts per Catalunya -partido que ha liderado la negociación- también hay posiciones dispares sobre el aeropuerto: Puigneró cerró un pacto que la propia lideresa de su partido, Laura Borràs, cuestionó en público al tildarlo de insuficiente: “Los compromisos en inversión del Gobierno español ya los conocemos. Volvemos a la zanahoria. Menos euforia y más memoria”, aseguró a través de las redes sociales la actual presidenta del Parlament.

Y la CUP, el partido que sostiene al Govern de forma externa, está en contra de la ampliación del aeropuerto y ya ha anunciado que se unirá a la manifestación que preparan entidades, agentes sociales y grupos ecologistas para septiembre.