El Gobierno cede al independentismo con el castellano

El 13 de septiembre arranca un nuevo curso escolar en las aulas catalanas y, como cada año desde que se implantó el sistema de inmersión lingüística en los 80, la presencia del castellano será testimonial (se limitará a las asignaturas de Lengua y Literatura). De hecho, la Asociación por una Asamblea Bilingüe (AEB), entidad de referencia en la defensa del español en Cataluña, estima que tan solo en una treintena de centros públicos (de los más de 2.300 que hay) se impartirá en alguna aula (no en toda la escuela) al menos un 25% de las clases en castellano a pesar de la histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictada en diciembre.

La resolución judicial ordenó a todos los centros escolares catalanes incluir un mínimo de 25% de clases en castellano (es decir, además de Lengua Castellana, asignaturas troncales, como Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia o Química), pero la Generalitat ha recurrido ante el Tribunal Supremo, que tiene que decidir si lo admite a trámite y, si es así, resolver. Previsiblemente hasta dentro de un año no se espera la resolución definitiva del caso. En paralelo, no obstante, el Gobierno tiene la potestad de que se aplique la sentencia ya este mismo curso pidiendo la ejecución provisional, pero se ha negado a hacerlo y opta por esperar a que el proceso judicial concluya.

Pepe Domingo, abogado y asesor jurídico de la AEB y de los padres que piden castellano para sus hijos, asegura que el Gobierno «no va a pedir» la ejecución provisional porque se escuda en que estaría invadiendo las competencias de la Generalitat. Domingo rechaza este extremo porque ha sido el propio Gobierno –aunque cuando estaba en manos del PP– quien inició este procedimiento judicial en 2015 porque entendía que la Generalitat estaba incumpliendo la Ley educativa impulsada por el exministro José Ignacio Wert en 2013, que situaba el castellano explícitamente como lengua vehicular en Cataluña.

La cuestión es que el Gobierno va a esperar a que resuelva el Tribunal Supremo, pero cuando llegue ese fallo, ¿qué hará? Ese es el interrogante que se plantea Domingo y pone en duda que el Gobierno la vaya a ejecutar por «razones políticas»: sus socios (Esquerra) estarán presionando para impedirlo. De hecho, la recién aprobada «Ley Celaá» (Lomloe) se negoció con Esquerra y desató una gran polémica porque, entre otras cosas, abordó el tema de la lengua: en un claro gesto con el independentismo, el Gobierno accedió a sustituir la expresión «lengua vehicular» (que figuraba en la Ley Wert) por derecho a «recibir enseñanzas» en castellano, una fórmula mucho más ambigua que permite al nacionalismo blindar el modelo de inmersión lingüística en catalán.

La presidenta de la AEB, Ana Losada, también reconoce que la «situación política invita a pensar que la solución a este problema no se va a solucionar con este Gobierno porque no hará movimientos que puedan enfadar a sus socios», pero también considera que puede ceder a las presiones sociales que llegarán desde el lado constitucionalista: «Será difícil que el Gobierno pueda librarse de esa presión».

«Las asociaciones, las familias y el recurso del PP han puesto a este Gobierno en un callejón sin salida», afirma Losada. Lo cierto es que asociaciones como la AEB llevan años pleiteando en los tribunales contra la imposición de la inmersión lingüística y la falta de libertad para decidir en qué idioma se quiere estudiar en Cataluña y, poco a poco, ha ido consiguiendo sus frutos como demuestra la sentencia de diciembre. Sin ánimo de lucro (no cobran por defender a los padres que piden el castellano), han planteado más de 70 recursos y han ganado hasta ahora todos los juicios. La resolución de los casos suele darse en nueve meses. Sí guardan el anonimato de cada alumno para evitar problemas sociales.

En caso de que el Gobierno se negara a aplicar la sentencia o la Generalitat desobedeciera, serían los propios afectados (los alumnos) quienes podrían instar a que se aplicara, según Domingo. En cualquier caso, el balance es elocuente de lo que ocurre en las aulas catalanas con el castellano: este próximo curso, según datos de la presidenta de la AEB, Ana Losada, en tan solo 30 centros públicos (con afectación para 2.000 alumnos) se estudiará al menos un 25% de las clases en castellano porque lo ha pedido algún alumno. Es decir, los padres han planteado un recurso administrativo o han acudido a los tribunales y han forzado a la escuela a que imponga esa cuota mínima de asignaturas en español.

Hay algún centro de todos estos que ha decidido cambiar el proyecto lingüístico directamente para que todos los alumnos reciban al menos un 25% de asignaturas en castellano. El resto, el 25% del castellano se limita a las aulas de los alumnos afectados.

Para hacerse una idea del calado de la inmersión lingüística conviene echar un vistazo a un estudio elaborado en 2019 por la propia AEB. De los 2.214 centros escolares analizados –un 95% del total de centros (2.325)–, tan solo 126 dan algún año en algún curso una asignatura no lingüística en castellano, además de Lengua Castellana. Pero de esas 126 escuelas, un 95% escogen educación física o artes plásticas para dar en castellano. El resto de asignaturas, todas se imparten en catalán.

El modelo de inmersión lingüístico catalán es único en toda Europa porque el resto de territorios multilingües opta por la libertad lingüística.