El acoso a los jueces en Cataluña: se han ido 172 desde 2017

El acoso del independentismo a los jueces en Cataluña se ha ido acentuando a medida que avanzaba el «procés» y está teniendo como principal consecuencia un reguero de salidas en el colectivo judicial. En balance, desde 2017 hasta hoy, se han marchado un total de 172 jueces y, actualmente (según el último recuento de finales de 2020), el número de vacantes es de 106 para un total de 837 plazas judiciales (es decir, un 12,66 %, lo que supone que una de cada 10 unidades judiciales no está cubierta por un juez titular).

El goteo de marchas de jueces sigue sin cesar y, este 2021, se han computado ya 26 salidas, aunque habría que añadir que, según se desprende del último concurso, se marcharían 10 magistrados de Cataluña y solo vendría uno a la autonomía. Además, en el último concurso de jueces del 6 de septiembre, de 195 plazas vacantes en toda España, 58 estaban en Cataluña, un 29,74 %.

Unos datos más que elocuentes sobre la situación del colectivo judicial, en el punto de mira de todo el independentismo (desde los activistas más radicales hasta el propio Govern) y bajo permanente amenaza. De hecho, el incremento de ataques contra las sedes judiciales y, directamente contra algunos jueces (como contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena), ha obligado a movilizar a los Mossos d’Esquadra (operación «Toga») para dar protección al colectivo.

Este clima parece lejos de remitir tal y como reflejan los propios datos, pero también porque todavía hay multitud de causas judiciales abiertas contra dirigentes políticos y activistas independentistas. A medida que se vaya dilucidando caso a caso, los jueces regresarán a estar en el ojo del huracán.

Como muestran los datos, el acoso ha ido «in crescendo» a medida que la Justicia se ha visto obligada a entrar en acción para frenar el «procés». Se pasó de 21 salidas de jueces en 2017 a 40 en 2018 (cuando la cruzada contra los jueces se disparó por el encarcelamiento de los líderes del «procés»).

Esta salida acaba perjudicando a los propios ciudadanos. En este sentido, Cataluña es una de las autonomías con menor número de jueces por cada 100.000 habitantes: 10,82 (cuando la media nacional es de 11,97), solo superada por Castilla La Mancha, Navarra, País Vasco y Murcia.

Consultado por este diario, el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Cataluña, Pablo Baró, observa la evolución de los datos en los últimos cuatro años «con tristeza y cierta resignación» porque «los números no mejoran, sino que están igual o peor que en año 2017». «La falta de adopción de medidas supone dar carta de naturaleza a un problema cronificado en esta comunidad y que solo se explica desde la beligerancia del Govern hacia el Poder Judicial, intensificada en los momentos álgidos del ‘procés’ y que no termina de desaparecer», afirma.

«Y aunque los jueces sigamos desempeñando nuestras funciones con la misma dedicación y profesionalidad, la existencia de tantas vacantes supone un perjuicio en último término al ciudadano, quien es el principal afectado por la pasividad del Ministerio de Justicia para resolver este problema», añade.

Pero no solo es un problema para los jueces. Los datos son similares para los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y funcionarios. Hay 158 vacantes de LAJ de un total de 657 (24,04 %), mientras que en la escala de funcionarios, los interinos (50,74 %) superaban a los titulares (49,26 %).