Vivienda

Colau interpone la primera multa por cobrar un alquiler abusivo en Barcelona

El Ayuntamiento ha puesto una sanción de 9.000 euros por exceder el límite de precios de referencia que fija la ley

El Govern aprueba la tramitación del Plan Territorial Sectorial de la Vivienda
El Govern aprueba la tramitación del Plan Territorial Sectorial de la ViviendaGENERALITAT DE CATALUNYAGENERALITAT DE CATALUNYA

Al amparo de la ley de regulación de los alquileres catalana, faltará por ver que ocurre cuando el Gobierno apruebe su normativa de vivienda, el Ayuntamiento de Barcelona ha interpuesto una multa de 9.000 euros a un propietario por cobrar un alquiler abusivo por un piso de Sant Antoni. Se trata de la primera sanción municipal por incumplir la mencionada ley, en concreto por un contrato que excedía el límite del índice de precios de referencia. Los tres inquilinos de la vivienda pagaban unos 250 euros por encima del baremo, que han dejado de pagar y, además, han exigido el retorno del sobrecoste.

Los afectados se instalaron en un piso de la calle de Viladomat en otoño. Cuando revisaron el contrato de alquiler descubrieron que el arrendador les había alterado los datos para cobrarles de más. En primer lugar, puso el contrato a su nombre, cuando la propiedad es una persona jurídica. En segundo lugar, el documento no hacía referencia al precio del contrato anterior, incumpliendo la Ley 11/2020 que regula los alquileres. De momento, los inquilinos han decidido realizar una autorreducción del alquiler y desde agosto pagan 950 euros. La concejala de Vivienda, Lucia Martín, ha asegurado en un tuit en Twitter que esta primera sanción deja claro que cobrar alquileres abusivos no sólo es ilegal, sino que “no sale a cuenta”.

Los inquilinos comprobaron que el contrato anterior era de 950 euros después de hacer una instancia en Incasòl. Por eso, interpusieron una denuncia al Ayuntamiento, que hace unas semanas impuso una sanción de 9.000 euros por contrato ilegal. Con esta información, los afectados también han reclamado al propietario el retorno del sobrecoste y una rebaja del alquiler. Ante la negativa del arrendatario, han interpuesto una demanda judicial para reclamar el retorno de cantidades que les han cobrado de más durante los últimos meses, y un precio ajustado a la regulación. Según fuentes municipales, aparte de esta sanción de 9.000, también se ha abierto otro expediente sancionador, y existen otros casos en estudio.