Tres meses de inhabilitación a un ex alcalde de ERC por boicotear a la Policía Nacional el 1-O

El Juzgado Penal 3 de Lleida ha condenado al exalcalde de Alcarràs (Lleida) Miquel Serra por un delito de desobediencia el 1-O. La sentencia también le impone una multa de 450 euros por los mismos hechos.

El juez considera probado que Serra (ERC) se presentó en un colegio electoral con la intención de impedir que entrara la Policía, a pesar de que el Tribunal Constitucional (TC) había declarado inconstitucional la convocatoria de la votación.

La sentencia señala que, al anular la convocatoria del referéndum, el TC advirtió a las autoridades y funcionarios de Cataluña del “deber de impedir o paralizar cualquier actividad contraria” a la suspensión.

Entre las autoridades advertidas estaban los alcaldes --también Serra--, a los que la Delegación del Gobierno envió una carta certificada con el aviso.

El juez constata que, “con pleno conocimiento de lo anterior”, Serra se presentó el 1-O en un centro de votación de Alcarràs, de donde entonces era alcalde.

Según la sentencia, Serra “permitió el uso del local El Casino” como centro de votación, al que asistió para impedir que entrara la policía.

El juicio se había retrasado, lo que llevó a Serra a decir que afrontaba “con tranquilidad y resignación” el juicio por presunta desobediencia el 1-O. “Vemos los acontecimientos de los últimos días y cómo la represión al independentismo en el ámbito del ‘procés’ no se detiene. Es la que es y es evidente que no cambiará”, dijo.

“Argumentaré que fuimos a votar y estábamos donde teníamos que estar e hicimos lo que teníamos que hacer como responsables del Ayuntamiento”, avanzó Serra en ese momento. Estuvo en estas declaraciones acompañado en la puerta del juzgado por el delegado del Govern en Lleida, Bernat Solé; el presidente de la Diputación, Joan Talarn, y del alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, entre otras personas.

La Fiscalía considera que Serra designó el centro cultural Lo Casino como lugar para las votaciones y no cumplió la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de no utilizar locales públicos, y pedía para él un año y tres meses de inhabilitación para cargo o empleo público y una multa de 21.600 euros.

El juicio estaba previsto inicialmente en junio y la jueza lo suspendió entonces, al oponerse la defensa a que un agente de la Guardia Civil declarara desde la comandancia de Sevilla.

“No nos oponemos a que declare desde un juzgado de Sevilla, pero sí a que lo haga desde la Comandancia de la Guardia Civil porque no hay garantías judiciales”, afirmó cuando se retrasó la letrada Ana Torres, en declaraciones a los medios.

Un guardia civil de la comandancia de Lleida y otros tres de la de Huesca estaban citados de forma presencial en el Juzgado número 3 a pesar de que los agentes de Huesca habían solicitado declarar en los juzgados oscenses.

En las mismas declaraciones el día que se decretó el citado retraso, Serra afirmó que sentía orgullo de formar parte de la sociedad de su pueblo del 1 de octubre: “Estoy inmensamente emocionado y contento de estar al lado de mis vecinos defendiendo que no nos quitaran la dignidad de la mejor manera que se podía hacer: evitar que nos quitaran ningún voto”.

En declaraciones a los medios, agregó que afrontaba el juicio “con la tranquilidad de tener la seguridad de no haber cometido ningún delito, de haber sacado adelante un mandato democrático”.

También dijo que la votación se hizo en Lleida igual que en Alcarràs y que nadie está dudando de que el alcalde de Lleida hiciera nada para sacar adelante el referéndum, sin mencionar al entonces alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros.

“Estoy tranquilo porque el referéndum no lo organizó ningún alcalde sino la misma sociedad catalana”, remarcó Serra. Preguntado por los medios si se sentía cabeza de turco, el presidente de la Federación de ERC de Lleida negó sentirse así y matizó que las acusaciones se hacen “de manera aleatoria sin fundamento jurídico”.