Frente a la ofensiva lingüística de la Generalitat: desmontando la inmersión aula a aula

Hace prácticamente un año, a las puertas de las navidades de la pandemia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) hizo pública una importante sentencia sobre el uso de las lenguas en los colegios. Una resolución destinada a marcar un antes y un después en el sistema educativo al ordenar a todos los centros a impartir un mínimo del 25% de clases en castellano. La Generalitat recurrió el histórico fallo y, desde entonces, su cumplimiento es nulo –no lo ha aplicado– a la espera del posicionamiento definitivo del Supremo, que debe decidir en los próximos meses si lo admite a trámite y, si es así, resolver. Todo con la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez, que hace la vista gorda y ha renunciado a instar al Govern de Pere Aragonès a su ejecución.

Eso sí, entre medias se está produciendo un goteo de resoluciones judiciales a favor del castellano que a la práctica desmontan, aula a aula, el sistema de inmersión actual con el catalán como idioma vehicular –y el castellano únicamente en la asignatura de Lengua– de la mano de las familias.

En total, son seis los colegios que tienen que variar sus proyectos lingüísticos tras ser anulados por el TSJC e impartir un 25% de las asignaturas en castellano. Los últimos cuatro se conocieron hace apenas una semana y suponen un cambio de doctrina al afectar al conjunto de alumnos del centro y no sólo a un grupo-clase, un avance de fondo importante mientras no llega el fallo del Supremo sobre el uso del castellano en las aulas de Cataluña. Eso sí, la Generalitat ha recurrido, por lo que el 25% se aplica de momento en las clases concretas.

La lista la conforman centros públicos y concertados de diverso tamaño –hay uno de Barcelona, otro de Castelldefels y un tercero en Reus, por ejemplo– que se suman a otros que ya aplican el bilingüismo que fija la ley en cumplimiento de varias resoluciones anteriores sobre casos individualizados. En total, la AEB cuantifica en más de 2.300 los alumnos catalanes que han recibido al menos una asignatura troncal más en castellano que únicamente la de Lengua, a partir de sentencias individualizadas en los últimos años.

La excepción es el mencionado colegio de Castelldefels, concertado y cuyo director ha introducido el español como lengua vehicular para toda la etapa de Primaria y Secundaria en todos los grupos clase. En total, la medida afecta a unos 800 alumnos, aunque aún no lo ha reflejado oficialmente en su proyecto.

Sin embargo y pese a este camino casi aula a aula, el porcentaje sigue siendo mínimo a la espera del fallo judicial definitivo sobre el 25% de español. Y es que es el sistema de inmersión en catalán, blindado en la Ley de Educación de 2009, es un modelo que el Govern defiende a capa y espada con la connivencia indirecta de la Moncloa.

Y todo en un escenario en el que la Generalitat vuelve a agitar la cuestión lingüística y lanza una nueva ofensiva a favor del blindaje del catalán tanto en el discurso como en la gestión, además de aumentar los recursos públicos y económicos invertidos. Por ejemplo, la semana pasada dio a conocer un informe elaborado por el propio Govern para constatar que la interacción entre alumnos en catalán se ha desplomado en 15 años al pasar de un 67% en 2006 a un 21% este año. Y también para subrayar que los profesores se dirigían al grupo clase siempre o casi siempre en catalán en el 63% de los casos en 2006, pasando al 61% en 2013 y descendiendo hasta el 46% en 2021.

Dos datos importantes que, acto seguido, se convirtieron en los principales argumentos que sustentan el nuevo plan de la Generalitat para mejorar el uso del catalán que empezará en las próximas semanas en 200 centros públicos y concertados.

Una estrategia plasmada incluso en el proyecto de presupuestos elaborado por el Govern de Esquerra y Junts y pendiente de aprobación por parte de la CUP. De hecho, entre los objetivos concretos del departamento de Educación figura «fortaceler el sistema de inmersión en catalán», mientras que de otro departamento, del de Cultura, cuelgan 47 millones –6más que en 2020– para la promoción del catalán en distintos ámbitos, también en el educativo.

Y el Ejecutivo lo justifica bajo la premisa de que «los sucesivos Informes de Política Lingüística constatan la existencia de lagunas importantes en cuanto a la normalización del catalán y ponen de manifiesto diversas tendencias negativas en cuanto al uso y el conocimiento de la lengua catalana». «La lengua catalana es la propia lengua de Cataluña y un elemento de cohesión social, en una sociedad cada vez más diversa culturalmente. Es un elemento necesario para la completa integración de todas las personas de la sociedad catalana», añade.

En universidades

Es más, la Generalitat busca trasladar el sistema de inmersión lingüística en catalán a las facultades pese a que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) no afecta a los estudios curriculares más allá de FP y Bachillerato. Y para ello ya ha anunciado que fiscalizará el uso del catalán en las universidades. Así lo acordó en una reunión la nueva titular del gremio, Gemma Geis (JxCat) con representantes de 12 centros universitarios catalanes. Un plan para controlar por primera vez la aplicación del catalán y de las distintas lenguas en el mundo universitario que entrará en vigor este mismo año y que supone «de facto» un nuevo paso del Ejecutivo en esta línea.

El asunto ha levantado una auténtica polvareda entre la comunidad universitaria: este mismo viernes, los profesores se rebelaron contra la persecución del castellano y escenificaron su rechazo. La Plataforma Universitaris per la Convivència, que suma a más de 200 profesores de todas las universidades catalanas, mandó una carta abierta a todos los rectores para exigir respeto al bilingüismo en los campus. Un nuevo campo de batalla recién abierto este mismo curso.