Aragonès incluye a los Comunes en la negociación de los presupuestos y mantiene el veto al PSC

La negociación de los presupuestos catalanes han entrado hoy en una nueva fase: tras el rechazo de las bases de la CUP, el Govern ha optado por explorar alternativas. Si hasta ahora se había resistido a mantener contactos con PSC o Comunes, la Generalitat ha cambiado el paso y ahora ha incluido a ambas formaciones en las conversaciones, aunque con matices. Pere Aragonès se ha reunido esta tarde con Salvador Illa, aunque ha cerrado toda puerta a llegar a acuerdos con los socialistas; también se ha reunido con Jéssica Albiach (Comunes) y se han emplazado a seguir negociando en las próximas horas. En paralelo, continúan los contactos con la CUP, que se mantiene como socio prioritario.

En el Govern se han apresurado a salir al paso contra cualquier especulación sobre la reunión entre Aragonès e Illa. Desde la Generalitat han explicado que ha sido un contacto fruto de la petición de Illa, pero le han dejado claro que no hay nada que acordar con el PSC porque tienen proyectos totalmente opuestos. El motivo, no obstante, es estratégico: los republicanos pretenden mantener una posición de fuerza en sus negociaciones en Madrid con el Gobierno y, por ello, rechazan quedar hipotecados en Cataluña con acuerdos con el PSC de tanto calado como los presupuestos. También pondría mucho más difícil a Esquerra su pugna con los socialistas en las elecciones municipales de 2023, ya que tienen votante fronterizo y los republicanos quieren penetrar en el área metropolitana de Barcelona (bastión socialista).

La reunión, en todo caso, se ha desarrollado con cordialidad, pero con escaso contenido de interés. Según han explicado quienes conocen el encuentro, se han abordado cuestiones como los presupuestos o la pandemia, pero apenas ha habido provecho porque el margen de acuerdo es mínimo. “La reunión ha sido positiva. Nos hemos emplazado a mantener una conversación fluida”, han sostenido desde las filas socialistas, más optimistas. “Cada uno ha explicado sus posicionamientos y el president ha explicado que recibía a Illa por su insistencia. La negociación es con la CUP y la puerta está abierta a los Comunes”, comentan desde el Govern.

En este sentido, con los Comunes, las cosas han ido razonablemente bien, según los presentes. Mañana continuarán negociando, pero en la formación morada han quedado contentos con el primer contacto y creen que “si hay voluntad política”, es posible llegar a un acuerdo de mínimos para salvar la primera votación fijada para el lunes. Los Comunes, marca catalana de Podemos, se muestran, en una línea similar a la CUP, en contra de los macroproyectos de ocio y apuesta por una reindustrialización (en este sentido, reprochan que se destine 120 millones de euros al Hard Rock y solo 50 millones a Industria).

También defienden reasignar algunas partidas para reforzar la salud mental e implementar la salud bucodental; más dinero para poner en marcha la Renta Básica Universal (actualmente son cuatro millones de euros y recuerdan que en Barcelona hay 17 millones); o, más inversión para la energética pública.

CUP

El Govern tiene cinco días para convencer a la CUP para aprobar los presupuestos de 2022. Los anticapitalistas ya han trasladado sus cinco exigencias y la Generalitat ahora tiene que decidir qué acepta y qué no. Entre esos cinco requisitos, destaca la petición de un aumento de la fiscalidad, cuestión que parecía desterrada en estas cuentas, pero que los anticapitalistas recuperan porque consideran que sin más recursos, es muy difícil implementar políticas nuevas.

Y es que, bajo su análisis, de los más de 5.000 millones de euros de incremento que hay entre el presupuesto de 2020 y este, tan solo hay 88 millones de euros para hacer políticas nuevas, algo insuficiente para que den su plácet a las cuentas. Por eso, los anticapitalistas vuelven a la carga y exigen un impuesto a los patrimonios personales superiores a un millón de euros (entre un millón y 10 sería del 1%; entre 10 y 50, del 2%; por encima de 50, del 3%) y subir el IRPF a las rentas superiores a los 60.000 euros (entre 60.000 y 90.000 de un 1% y entre 90.000 y 300.000 de un 0,5%). Además, se exige el despliegue de los tributos relacionados con la protección del medio ambiente.

Asimismo, también piden acelerar el proceso independentista con un referéndum esta legislatura, que la Generalitat retire las acusaciones contra activistas independentistas y suprimir los macroproyectos, como el de ocio del Hard Rock de Salou, la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno o el Gran Premio de la Fórmula 1.