Esquerra salva al magistrado Llarena de ser declarado persona “non grata”

El independentismo anda tan dividido que deja estampas prácticamente inimaginables como la que se ha dado en el Ayuntamiento de Sant Cugat, donde Esquerra ha tumbado el intento de JxCat de declarar al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, como persona “non grata”. Llarena se ha convertido en uno de los principales enemigos del independentismo porque es quien ha instruido la causa del “procés” y quien ahora está intentando capturar a Carles Puigdemont con las euroórdenes y, por ello, el separatismo, cada vez que puede, le da una muestra de hostilidad.

Ya lo hizo hace justo tres años (en noviembre de 2018), cuando las juventudes de la CUP lanzaron botes de pintura a la casa de Llarena en Sant Cugat. Las amenazas y acciones de rechazo que ha ido recibiendo por parte del independentismo han sido múltiples. En este caso, JxCat ha impulsado una moción en el pleno del Ayuntamiento, pero se ha quedado solo con los votos de la CUP: en total, sumaron 12 concejales a favor y la iniciativa no prosperó.

No prosperó porque Esquerra se plantó y la rechazó ya que entiende que en los plenos municipales se deben presentar iniciativas relacionadas con la actividad de la localidad y no “simbolismos, gestos y jugadas maestras”. La concejal republicana Gemma Aristoy criticó que JxCat tratara de medir el “grado de independentismo” de cada formación con esta moción.

Esquerra (6 concejales) gobierna en Sant Cugat con los votos de PSC (4) y CUP (3). En total, hay 25 ediles, de los cuales tres corresponden a Ciudadanos y nueve a JxCat. La ciudad, de 80.000 habitantes y colindante con Barcelona, ha sido un bastión convergente hasta las pasadas elecciones, cuando los republicanos le birlaron la vara de mando. Sant Cugat también es conocido por ser uno de los municipios con mayor renta per cápita de Cataluña.

Además de la cruzada contra Llarena, la moción también incluía declarar persona “non grata” a Esperanza García, delegada instructora del Tribunal de Cuentas, que ha abierto la causa contra los exaltos cargos de la Generalitat por gastos en la promoción internacional del “procés” y que ha derivado en una reclamación de una fianza de 5,4 millones de euros.