Decisión histórica: el Supremo desoye a la Generalitat y tumba la inmersión lingüística

La Generalitat ha pinchado en hueso en su intención de que el Tribunal Supremo (TS) dejase sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que el pasado diciembre impuso la obligación de impartir en las aulas catalanas al menos un 25% de las clases en castellano.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ni siquiera ha entrado a valorar el fondo del asunto y ha inadmitido a trámite el recurso que interpuso contra esa resolución el Gobierno autonómico, lo que convierte en firme una decisión judicial que hace tambalearse la inmersión lingüística y que la Generalitat no parece muy dispuesta a acatar.

En su resolución, el Supremo recuerda que tras el recurso interpuesto por el Ministerio de Educación del Gobierno de Rajoy en 2015, el TSJ de Cataluña constató, con la prueba practicada –incluido un informe aportado por la propia Generalitat– «que no se había garantizado al menos el 25% de horas lectivas en castellano». Y recuerda que al resolver un recurso de casación «las cuestiones fácticas quedan excluidas de examen». Es decir, que no puede volver a valorar la prueba en un asunto que considera de «marcado carácter casuístico» (el recurso se refería a varias resoluciones de la Conselleria de Educación).

Además, la Sala apunta que no aprecia la existencia de «interés casacional», dado que el Supremo ya se ha pronunciado al respecto: en 2015, por ejemplo, ya avaló la decisión del Tribunal Superior catalán de fijar un 25% de las clases en castellano incluyendo una asignatura troncal, y no solo la de lengua castellana. Entonces, el Alto Tribunal rechazó la pretensión de dos padres de alumnos de elevar ese porcentaje al 50% y, del mismo modo, negó que estuviera suplantando una potestad educativa de la Generalitat al pronunciarse sobre la política educativa.

Además, para los magistrados no se ha acreditado «el perjuicio que la sentencia recurrida ocasionaría en los intereses generales» o la «virtualidad expansiva» –más allá de las resoluciones recurridas– que su pronunciamiento acarrearía. De ahí que rechace el recurso de la Generalitat sin necesidad de pronunciarse sobre la cuestión planteada.

El TSJC argumentó en la resolución de diciembre del año pasado que de la documentación aportada –por la propia conselleria de Educación de la Generalitat– se desprende que el «uso vehicular de la lengua castellana en el sistema educativo de Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de lo centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente» en alusión al Estatuto catalán, la Ley de Educación de Cataluña, la Ley Orgánica de Educación y varias sentencias del Tribunal Constitucional.

La resolución del TSJC de 2020 exponía que la media de horas de uso del castellano en los centros educativos es del 18% en la educación primaria; del 19% en secundaria; y, del 26% en bachillerato. Además, solo 5 de los 184 centros incluidos en la muestra facilitada por la conselleria imparten un 25% de las materias en castellano -concretamente, según la resolución, cumplen con ese estándar un 2% de los centros de primaria y un 12% de los de bachillerato-.

La Generalitat y todo el independentismo salieron en tromba a protestar contra esta decisión del Tribunal Supremo y defender el modelo educativo en Cataluña actual. El presidente de la Generalitat convocó una reunión de urgencia con entidades y el conseller de Educación, Josep González-Cambray (ERC), hizo un llamamiento a que las escuelas no apliquen la sentencia. Entidades de peso como Òmnium Cultural han reclamado que, si hace falta, se desobedezca la resolución judicial. La Generalitat confiaba en que la reforma legal del Gobierno (la Ley Celaá), que eliminó la referencia explícita al castellano como lengua vehicular, frenara todo riesgo para la supervivencia de la inmersión linguïstica, pero no lo ha conseguido.

El Gobierno es quien tiene que instar la aplicación de la sentencia, pero si no lo hace como parte del proceso de negociaciones y cesiones con ERC, lo hará la sociedad civil: la Asamblea por una Escuela Bilingüe tiene previsto hacerlo. «Todos los centros públicos y concertados deberán ofertar como mínimo un 25% de horas en castellano. No cumplir la sentencia sería prevaricar y Josep Gonzàlez-Cambray sería inhabilitado», aseguró la entidad tras celebrar el golpe del Supremo al modelo lingüístico catalán. «El fin de la inmersión ha llegado», aseguró una entidad que lleva años luchando en los tribunales por la igualdad del castellano y el catalán en las aulas.