Freno ante el desacato del 25% en castellano

El varapalo del Tribunal Supremo al modelo de inmersión lingüística en catalán ha levantado una auténtica polvareda y va camino de marcar un antes y un después en la vida política y social de Cataluña. La primera respuesta de la Generalitat, asentada en el desacato y reclamando explícitamente por carta a los colegios que desobedezcan y no den clases en castellano, ha provocado ya los primeros movimientos ante el escenario judicial que se avecina a partir de ahora: la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad referencia que asesora a las familias, ya ha anunciado que pedirá la ejecución forzosa del fallo si no se aplica dentro del plazo.

Asimismo, busca plantear una estrategia común –este fin de semana se reunirán varias entidades constitucionalistas defensoras del castellano, abanderadas por la propia AEB– y avanzar con las familias en los próximos pasos a seguir. Todo con el fin de «cambiar el modelo educativo» tras la «histórica» sentencia del TSJC de diciembre del año pasado, ahora avalada por el Supremo. «No renunciaremos a nuestros derechos lingüísticos», avisan desde la AEB, la asociación que ha encabezado la lucha por el bilingüismo en las aulas catalanas a lo largo de los últimos años y ha logrado que más de 2.000 alumnos se beneficien del 25% de castellano a partir de resoluciones individualizadas. De hecho, está previsto que en los próximos meses se produzcan más fallos (7 u 8) en este sentido, aún pendientes de resolución.

Otras entidades, como es el caso de Hablamos Español, también mueven ficha y reclaman a los padres que se sumen y pidan la ejecución de la sentencia del 25% en castellano. La campaña pretende recabar el apoyo de más familias ante la actitud de desacato de la consejería de Educación, además de exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que obligue a la Generalitat a acatar el fallo.

Llegados el caso, si el Govern siguiera instalado en la desobediencia y agotados los plazos, el TSJC podría pedirle explicaciones y abrir de oficio un procedimiento penal que podría acabar con una hipotética inhabilitación del titular de Educación catalán, el máximo responsable de que se aplique el 25% en todo el sistema educativo, explica el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo.

Mientras tanto, el Ejecutivo catalán sigue en sus trece: ayer fue el Consejo Escolar de Cataluña –el órgano consultivo de la admnistración– el que alentó a la comunidad educativa a «persistir en la defensa proactiva del uso del catalán en la educación», a la vez que ha rechazado «intervenciones políticas o sentencias judiciales» como la del Tribunal Supremo, que obliga a impartir al menos el 25% de las materias en castellano.

En un manifiesto, el Consejo Escolar afirma que, de acuerdo con el modelo lingüístico del sistema educativo catalán, «corresponde a los centros educativos establecer los criterios pedagógicos para el tratamiento de las lenguas en el marco del proyecto lingüístico de centro». El catalán «es la lengua propia de Cataluña y la normalmente utilizada en el sistema educativo», por lo que «naturalmente la educación es y debe ser en catalán», añade obviando el fallo judicial.