Polémica lingüística

El Parlament de Cataluña ignora la Justicia y rechaza el 25 % de clases en castellano

La Comisión de Educación vota en contra de la propuesta de Vox ratificada por el Tribunal Supremo

Comisión de Educación del ParlamentPARLAMENT
Comisión de Educación del ParlamentPARLAMENTPARLAMENTPARLAMENT

La Comisión de Educación del Parlament ha rechazado este lunes una propuesta de resolución que insta a la Generalitat a “dar cumplimiento a las resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que acuerdan establecer enseñanza en castellano en porcentajes no inferiores al 25% en todos los centros públicos catalanes”.

La propuesta, presentada por Vox, también pedía respetar “el principio constitucional por el cual el castellano debe ser lengua vehicular obligatoria y las lenguas cooficiales opcionales”, y ha recibido el voto favorable de Cs, y el contrario del resto de fuerzas --el PP no ha participado en la comisión--.

El diputado de Vox Manuel Acosta ha afirmado que el conseller Josep Gonzàlez-Cambray quiere “desobedecer” las últimas decisiones judiciales sobre el tema --incluida la del Tribunal Supremo (TS), que ratificó la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano--.

Acosta ha dicho que la actitud del conseller “denota que la imposición del catalán y el ostracismo del castellano es tan flagrante que tiene que intervenir el poder judicial” y ha acusado al Govern de usar la lengua como palanca ideológica --en sus palabras--.

Se ha sumado a la propuesta Nacho Martín Blanco, de Cs, que ha afirmado que el castellano “debe tener un lugar simbólico importante en la escuela y las instituciones” y ha pedido un modelo de conjunción lingüística con una presencia equilibrada de catalán y castellano.

En cambio, Esther Niubó, del PSC, se ha opuesto a la propuesta, defendiendo la condición de lengua vehicular del catalán pero también el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes, y desde ERC Najat Driouech ha acusado a Vox de buscar “la división y segregación social”.

Francesc Ten, de Junts, ha argumentado que la sentencia “hace pasar 80 familias por encima de un millón y medio de estudiantes”, Carles Riera de la CUP ha sostenido que la inmersión real todavía no existe y David Cid de los comuns ha afirmado que la propuesta de Vox es del pasado y ha defendido que la Lomloe blinda la inmersión.

El varapalo del Tribunal Supremo al modelo de inmersión lingüística en catalán ha levantado una auténtica polvareda y va camino de marcar un antes y un después en la vida política y social de Cataluña. La primera respuesta de la Generalitat, asentada en el desacato y reclamando explícitamente por carta a los colegios que desobedezcan y no den clases en castellano, provoco ya los primeros movimientos ante el escenario judicial que se avecina a partir de ahora: la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la entidad referencia que asesora a las familias, ya anunció que pedirá la ejecución forzosa del fallo si no se aplica dentro del plazo.

Asimismo, busca plantear una estrategia común –este fin de semana se reunirán varias entidades constitucionalistas defensoras del castellano, abanderadas por la propia AEB– y avanzar con las familias en los próximos pasos a seguir. Todo con el fin de «cambiar el modelo educativo» tras la «histórica» sentencia del TSJC de diciembre del año pasado, ahora avalada por el Supremo. «No renunciaremos a nuestros derechos lingüísticos», avisan desde la AEB, la asociación que ha encabezado la lucha por el bilingüismo en las aulas catalanas a lo largo de los últimos años y ha logrado que más de 2.000 alumnos se beneficien del 25% de castellano a partir de resoluciones individualizadas. De hecho, está previsto que en los próximos meses se produzcan más fallos (7 u 8) en este sentido, aún pendientes de resolución.

Otras entidades, como es el caso de Hablamos Español, también mueven ficha y reclaman a los padres que se sumen y pidan la ejecución de la sentencia del 25% en castellano. La campaña pretende recabar el apoyo de más familias ante la actitud de desacato de la consejería de Educación, además de exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que obligue a la Generalitat a acatar el fallo.

Llegados el caso, si el Govern siguiera instalado en la desobediencia y agotados los plazos, el TSJC podría pedirle explicaciones y abrir de oficio un procedimiento penal que podría acabar con una hipotética inhabilitación del titular de Educación catalán, el máximo responsable de que se aplique el 25% en todo el sistema educativo, explica el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo.

Mientras tanto, el Ejecutivo catalán sigue en sus trece: ayer fue el Consejo Escolar de Cataluña –el órgano consultivo de la admnistración– el que alentó a la comunidad educativa a «persistir en la defensa proactiva del uso del catalán en la educación», a la vez que ha rechazado «intervenciones políticas o sentencias judiciales» como la del Tribunal Supremo, que obliga a impartir al menos el 25% de las materias en castellano.

En un manifiesto, el Consejo Escolar afirma que, de acuerdo con el modelo lingüístico del sistema educativo catalán, «corresponde a los centros educativos establecer los criterios pedagógicos para el tratamiento de las lenguas en el marco del proyecto lingüístico de centro». El catalán «es la lengua propia de Cataluña y la normalmente utilizada en el sistema educativo», por lo que «naturalmente la educación es y debe ser en catalán», añade obviando el fallo judicial.