Puigdemont intenta apartar a Llarena por aceptar un premio de una fundación que reclama su prisión

La defensa de Carles Puigdemont ha recusado al instructor de la “causa del procés”, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, por haber aceptado un premio de la Fundación Villacisneros, que “ha reclamado el encarcelamiento” del ex presidente de la Generalitat “por los hechos por los que se le persigue políticamente en esta causa penal”.

En un escrito remitido a la Sala Penal del Tribunal Supremo, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, argumenta que esa distinción -otorgada al magistrado el pasado 16 de noviembre- “priva manifiestamente” a Llarena “de la imprescindible imparcialidad en relación con esta causa, lo que le obligaba, a su vez, a su abstención”.

Para la defensa de Puigdemont -y de los ex consellers Clara Ponsatí, Lluís Puig y Toni Comín, que también efectúan la misma petición- la Fundación Villacisneros, cuya vicepresidenta es María San Gil y en cuyo consejo directivo figuran, entre otros, el ex ministro Jaime Mayor Oreja, es “una organización nacionalista española” que defiende “íntegramente el ideario de la extrema derecha”. Pero para el letrado lo relevante es que “ha venido reclamando, incluso desde antes de que se iniciara esta causa penal, el encarcelamiento” de Puigdemont, por lo que según expone aceptar esa distinción condiciona la imparcialidad de Llarena.

“Vinculación directa” con la causa del “procés”

“No se puede pretender que, en estas circunstancias”, asegura, el instructor “pueda conservar apariencia alguna de imparcialidad para la instrucción de esta causa”. “El interés demostrado por el magistrado instructor, que le ha llevado a la aceptación del denominado Premio Villacisneros, otorgado por una fundación que ha llegado a jalear el grito «¡Puigdemont a prisión!», en relación con los hechos que han dado lugar a esta causa penal, hace ineludible su apartamiento definitivo de la misma”.

Boye hace hincapié en que el 7 de octubre de 2017, días después del referéndum ilegal del 1-O, “los medios de comunicación se hacían eco de la adhesión de la Fundación a la convocatoria de una manifestación que reclamaba la detención” del ex presidente de la Generalitat.

“Por si no fuera suficiente”, añade, “lo cierto es que la propia Fundación Villacisneros ha reconocido abiertamente la vinculación directa de la distinción” otorgada al instructor de la causa del “procés” “con su condición de tal en esta causa penal”.

Para el letrado de Puigdemont “resulta relevante” la pertenencia a su Consejo Directivo del periodista Hermann Tertsch, “diputado al Parlamento Europeo del partido político de extrema derecha Vox, que, como es notorio, ejerce como acusación popular en esta causa”. Asimismo, continúa, otro de sus integrantes, el ex ministro de Interior Mayor Oreja “sostenía desde el año 2017 la necesidad de privar de su cargo” al ex presidente, “afirmando que eran necesarias «medidas ejemplarizantes» y que «deben perder el poder quienes han hecho un uso ilegítimo de él»”.

Por su “firmeza” en la defensa el estado de derecho

La Fundación elogió al justificar el premio a Llarena su “firmeza” a la hora de aplicar la ley “ajeno a la persecución, las amenazas y las presiones sufridas”, lo que según destacaba “nos ha hecho a muchos españoles recuperar la confianza perdida en la justicia».

En el acto de entrega, su presidente, Íñigo González Pineda, resaltó que Llarena “fue nombrado instructor de la causa abierta contra quienes promovieron” en el Parlamento catalán “la declaración de independencia”, recuerda la defensa de Puigdemont en su escrito. “Una causa -señaló entonces González Pineda- que todavía no ha concluido porque su principal instigador, Puidemont, aún continúa prófugo de la justicia como consecuencia de un bochornoso episodio que pone en cuestión un pilar fundamental sobre el que debe construirse la Unión Europea: el tercero, recogido en su Tratado, referido a la justicia, la libertad y la seguridad”.

Para el letrado, aceptar esa distinción de la Fundación “resulta incompatible con la apariencia de imparcialidad objetiva que debe guardar el juez instructor de una causa penal”, por lo que pide a Llarena que se aparte del procedimiento. Además, aprovecha su petición para resaltar lo que considera un “esperpéntico intento” del instructor reciente de ejecutar “unas órdenes de detención europeas ilegalmente emitidas mientras se encontraban, además, suspendidas”, en referencia a la reciente resolución del Tribunal General de la Unión Europea en la que se negó a devolver cautelarmente la inmunidad a Puigdemont y estableció que el proceso contra él, y por tanto la OEDE cursada por España, está por ahora en suspenso.