El independentismo alienta el choque entre familias por el uso del castellano en las escuelas

El cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en las escuelas de Cataluña se antoja como una dura batalla entre independentistas y constitucionalistas. Tanto es así que un grupo de padres de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), donde el TSJC ha ordenado que, de inmediato, se dé un 25% de clases en castellano en un aula de P5, se ha organizado para plantar cara a la medida y se plantean, incluso, dejar de llevar a sus hijos a las asignaturas que se den en español, además de otro tipo de acciones.

Una manera, según explica Ana Losada, portavoz de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (entidad en defensa del castellano), se «señala a las familias» que piden el uso del castellano y culpa también de ello a la Generalitat, que está contribuyendo a generar un clima de exaltación en la calle. «Quieren poner a la gente en contra de esas medidas», apunta Losada, en alusión a la sentencia del 25% de castellano. Lo cierto es que el Govern está alentando en los últimos días el incumplimiento de la sentencia del castellano, llamando a la movilización (Som Escola, el brazo escolar del independentismo, ha convocado una manifestación el 18 de diciembre, que respalda Pere Aragonès), y ese discurso empieza a calar entre el separatismo social.

«Quieren que la manifestación del día 18 sea un éxito y hacer ver que Cataluña quiere el monolingüismo», resume Losada. «Quieren echar más leña al fuego», añade. Lo cierto es que el grupo de padres de la escuela de Canet de Mar ha animado, de esta manera, el señalamiento de la familia que ha pedido clases en castellano para su hijo. En un mensaje a través de las redes sociales, este grupo revela que una familia de P5A ha solicitado que el 50% de horas lectivas se den en castellano y el TSJC, como medida cautelar, ha impuesto el 25% (tres tardes y dos horas intersemanales). La medida tiene que entrar en vigor el 8 de diciembre (el miércoles). «Un grupo de familias en desacuerdo con estas medidas impuestas, creemos conveniente reunirnos y plantearnos qué hacer al respecto. ¡Caña!», clama este grupo de padres. Entre los mensajes de algunos independentistas aparecen ya llamamientos a que le hagan el vacío al niño para que vaya «solo a clase el rato de castellano».

De esta manera, el independentismo alienta el choque entre familias para tratar de incumplir la resolución judicial y mantener el modelo de inmersión lingüística, que es que el se desplegó en los años 80 y que consiste en usar el catalán como lengua vehicular y dejar el castellano como lengua residual (solo se utiliza cuando se da Lengua castellana). El Govern está tratando de evitar un clima de crispación y trata de apelar continuamente al «consenso» que posibilitó el modelo de inmersión lingüística para atraer al PSC y ganar mayor fuerza, aunque su actitud poco acompaña ya que está permitiendo el señalamiento de familias que piden el castellano en las aulas (aunque ha impedido que se revele la identidad del niño de P5) y también está advirtiendo desde el primer momento que incumplirá la sentencia (apela a la Ley Educativa de Cataluña y la Lomloe, ignorando lo que dice la Constitución).