El huevo o la gallina

A raíz de la polémica suscitada por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Comisario europeo de Justicia Reynders, en una frase gráfica y motivada por la presión de las asociaciones judiciales para la renovación de aquel órgano, ha recordado que la insistencia por la renovación del CGPJ es algo que ya figuraba en los dos últimos informes sobre el Estado de Derecho en España, así como por la “apariencia de parcialidad” de la justicia que traslada, a juicio de las instituciones europeas, el actual sistema de elección del Consejo.

Con tal ocasión dijo lo siguiente: “No quiero decir qué va primero si el huevo o la gallina”, en clara alusión a que compete a los partidos políticos con representación parlamentaria, decidir si, primero se produce la reforma que reclama el PP y después, con arreglo a la misma, se produce la renovación, o bien, se produce la renovación y posteriormente se debate la reforma legislativa sobre la elección por la carrera judicial de los doce miembros de procedencia judicial de los que integran el CGPJ.

Es indudable que la ausencia de voluntad política sobre la renovación del CGPJ repercute sobre la credibilidad ciudadana acerca de la administración de justicia. Pero es preciso insistir en que una cosa es el órgano de gobierno de los jueces y otra muy distinta, el funcionamiento del poder judicial ejercido por cada juez en su particular función jurisdiccional.

Termina el año 2021 y se sigue sin dar una solución definitiva a las dos cuestiones: a) sistema de elección de los consejeros procedentes de la carrera judicial y b) modelo de funcionamiento del sistema judicial. Los diversos Pactos políticos de la Justicia buscaron una loable intención de profundizar el establecimiento de un llamado “servicio público de la Justicia”, pero han resultado inútiles. Una vez tras otra, ha devenido un tópico atribuir al calamitoso estado de la Justicia, gran parte de los problemas institucionales que asolan al país.

Han pasado veinte años desde el cacareado Pacto sobre la Justicia (2001), el cual comenzaba recordando: “que los españoles demandan un esfuerzo profundo de mejora y modernización de nuestro sistema judicial” y terminaba recordando que: “el Acuerdo se ampliará con los Grupos Parlamentarios cuyas aportaciones y propuestas se encuentran reflejadas en los principios que lo conforman”.

Ni la invocación de la necesidad de modernización, ni el interés de los partidos políticos se ha puesto de manifiesto, excepción hecha de escuálidas reformas legislativas, a pesar del tiempo transcurrido. Prácticamente seguimos en situación de espera.

La “Carta de derechos de los ciudadanos ante la Justicia” del Ministerio de Justicia, de 16 de abril de 2002, parece, igualmente, olvidada.

La crisis de la Justicia es reflejo de la crisis del Estado. Los que llevamos años dedicados a la delicada tarea del servicio de la justicia, observamos que el actual modelo de la estructura judicial española hace aguas por los cuatro costados. La sociedad cambia, los modelos de delincuencia varían, las relaciones comerciales se complican a nivel interno y exterior, el derecho es cada vez mas complejo tanto por el afán legislativo a “golpe de telediario”, como por la existencia de ordenamientos jurídicos propios de una Comunidad Autónoma, y frente a ello, seguimos igual. La impresión que se alcanza es que los partidos políticos no tienen, entre sus prioridades, la de afrontar la reforma de la estructura judicial española para adaptarla a los nuevos tiempos. Es importante la reforma del CGPJ, pero lo es más, la del actual modelo de estructura judicial. Insistimos, el órgano de gobierno de los jueces no es la justicia.

A dicha situación contribuye, de manera importante, el actual sistema de división competencial entre el Estado y las CCAA con competencias en materia de justicia. Hoy coexisten Autonomías con competencias en justicia y otras, las menos, que siguen dependiendo del Ministerio de Justicia. La consecuencia de todo ello, es: diferentes modelos de financiación del sistema judicial, de selección de funcionarios al servicio de la Justicia, de creación de órganos judiciales, en definitiva, de voluntad política de afrontar el déficit de credibilidad de la ciudadanía en el sistema judicial. Cierto es que la Justicia no da votos, pero también lo es, que el servicio de la justicia necesita de consensos comunes y de directrices claras e idénticas para cada Comunidad Autónoma. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda clase, en función de la Comunidad donde reside. La justicia es igual para todos.

Es importante renovar el CGPJ, cierto, pero también lo es afrontar cuestiones que influyen en la estructura y funcionamiento del servicio de la justicia (el sistema de acceso a la carrera judicial adaptado a nuestra pertenencias a la Unión Europea y a la realidad social y económica del país; especialización del funcionariado al servicio de la Justicia; reorganización de la oficina judicial adaptada a la jurisdicción en la que se trabaja; adaptación del proceso a las nuevas tecnologías, etc.). No olvidemos que están en juego derechos fundamentales de los ciudadanos.

Abordar la reforma de la Justicia en España no admite mayores dilaciones, se trata de una cuestión que debe estar por encima de las luchas particulares y partidistas, es una cuestión de Estado que beneficia a la ciudadanía en general. La voluntad política para llevarla a cabo pondrá de manifiesto qué partido político está interesado en abordar esta cuestión, y cuál no, dicho de otro modo, qué partido político está interesado por los superiores intereses de los ciudadanos y cuál no.

El huevo o la gallina. Las dos cosas. Propongo renovar el Consejo y abordar el actual sistema de estructura judicial español. Sin más demoras por favor.

Fernando Lacaba Sánchez es Magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJ. Cataluña y Miembro de la APM