Manos Limpias denuncia ante la Fiscalía a Aragonès por amenazar con incumplir el 25% de castellano

El sindicato Manos Limpias ha presentado este jueves ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) una denuncia contra el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y contra el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por los presuntos delitos de amenazas, coacciones y desobediencia a resoluciones judiciales en grado de tentativa y en grado de provocación, por tratar de que los centros educativos catalanes no cumplan con el 25 por ciento del horario escolar en castellano.

En el escrito --que ha sido presentado por correo administrativo--, al que ha tenido acceso Europa Press, el secretario general de este sindicato, Miguel Bernad, indica que esos presuntos delitos derivan de la carta que envió Cambray a los directores de centros educativos para que “desobedezcan y no den más clases en castellano”, a pesar de que el Tribunal Supremo hubiera confirmado la sentencia del TSJC que obligaba a impartir el 25 por ciento en castellano.

Bernad señala que esa carta se remitió a más de 5.000 centros educativos a las 24 horas de conocerse la decisión judicial, y advierte de que hay una plataforma (‘Somescola’) que prepara una manifestación-concentración ante las puertas del TSJC “como coacción y amenaza”.

Añade que el 16 de diciembre “se prevé una cumbre social con entidades y partidos, como coacción y amenaza” tal y como anunció el presidente desde el Parlament, y que la consejería del ramo ha emitido una directiva para que las contrataciones tanto de mediodía (empresas de comedor) como extraescolares, como ocio y talleres, incluyan “la premisa de la lengua catalana”. “Esta directiva fue dirigida por Núria Mora de la Secretaría Educativa de la Generalidad en una reunión telemática con tres mil directores de escuelas catalanas”, apunta.

A esos hechos añade que la Comisión de Educación de la Cámara catalana rechazó una propuesta de resolución que insta a la Generalitat a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales, y que además el lema de Aragonès y Cambray es “más catalán en las aulas y el catalán no se toca”.

PERPETRACIÓN DEL DELITO

Para Manos Limpias, de este relato de hechos se desprende que hay una “realización de hechos exteriores, practicando todo o parte de los actos que objetivamente deberán producir el resultado”. “Se incita directamente por medir en la imprenta, radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad o ante un concurrencia de personas, a la perpetración de un delito”, indican.

En cuanto al presunto delito de amenazas, indica que el bien jurídico protegido “es la libertad de la persona y el derecho que todos tienen al sosiego y tranquilidad personal en el desarrollo normal y ordenado de su vida”.

“Es un delito de simple actividad, de expresión o de peligro, no de verdadera lesión. El contenido o núcleo esencial del tipo, es el anuncio de hechos o expresiones, de causar a otra un mal, serio, real, perseverante”, aclara. Sobre las coacciones, apunta que el núcleo central del delito consiste en imponer con violencia física, psíquica y violencia en las cosas.

PP y Ciudadanos

La diputada del PP en el Parlament, Lorena Roldán, ha concretado hoy que elevarán un escrito al Defensor del Pueblo sobre las amenazas que está recibiendo el niño de la escuela de Canet de Mar (Barcelona) que ha pedido más clases en castellano. Asimismo, ha explicado que los eurodiputados del PP también han emitido una queja en el Parlamento Europeo y la harán llegar a las administraciones europeas “para que lo condenen”. Además, ha dicho que hay entidades que han presentado denuncias contra diversos tuits contra la familia del menor, que “podrían constituir un delito de odio”, y ha subrayado que el PP utilizará todos los medios a su alcance para proteger al menor y a su familia.

Ciudadanos (Cs) también ha registrado este jueves un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que reclama a la institución que “ponga en marcha todos sus mecanismos” para que obligue al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) --confirmada por el Supremo-- que garantiza un 25% de enseñanza en castellano “y se restablezca el ejercicio de los derechos” en la comunidad.