Dos escenas resumen el conflicto lingüístico destapado en la escuela del Turó del Drac de Canet de Mar tras la campaña de acoso a una familia por pedir el 25% de castellano para su hijo de 5 años: una pintada con un claro aviso en rojo en la entrada del centro –«En Canet queremos clase en catalán»– y el hecho de que un consejero de Educación del Govern y la alcaldesa de la localidad, de Esquerra, se reunieran de urgencia con la dirección del colegio para cerrar filas y planear qué hacer. Y es que la Generalitat dejó clara ayer su postura abandonando a la familia acosada y alentando las protestas independentistas que esta tarde tendrán lugar en la localidad en contra de dar más castellano.

Mientras, las familias escenificaban la división existente a las puertas del centro, con opiniones encontradas después de la tormenta política y social desatada y justo el día en que la escuela, a regañadientes, aplicó el 25% de castellano en la clase del menor por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que dio la razón a la familia hace dos meses, en octubre. En concreto, los alumnos del grupo de Turó del Drac recibirán, a partir de este jueves, seis horas y media a la semana de educación en castellano dedicado a artes visuales, plástica y psicomotricidad. El resto, un 75% del tiempo lectivo, seguirá siendo en catalán.

Sin embargo y pese a que continúa siendo un porcentaje mínimo y desigual, el caso ha saltado de los tribunales a los medios tras una fuerte campaña de acoso de independentistas radicales al menor –han pedido a través de las redes sociales desde hacerle el vacío y dejarle solo en clase hasta tirarle piedras en casa, tanto en las redes como en un grupo de whatsapp– que ha llevado a la familia afectada a solicitar amparo judicial y a la AEB a presentar una denuncia ante la Fiscalía.

También por su coincidencia con el aval del Supremo a la histórica resolución del TSJC que ordena aplicar un 25% de castellano en todo el sistema educativo, un marco que el independentismo está usando para agitar de nuevo el debate y espolear la calle a favor de una causa común: el catalán.

Y el caso de Canet –una demanda particular al margen de la sentencia marco del TSJC– ha servido de punta de lanza para ello con el Govern a la cabeza. Ayer, y tras el mencionado encuentro con la dirección y las familias del centro, el consejero de Educación pasó de puntillas por la campaña contra la familia del 25% –sí condenó en general cualquier tipo de violencia o acoso–, avaló las protestas en contra de dar más castellano en las aulas –«Nosotros somos los de la democracia y, por tanto, que cada uno se exprese y manifieste en la línea que considere oportuna», dijo–, tildó el fallo de la justicia de «ataque intolerable» al modelo lingüístico catalán e incluso se negó a contestar a la prensa en castellano como gesto en defensa del catalán. «Hoy es el día para subtitularlo», se jactó tras su intervención.

Y es que el caso de Canet ha destapado el conflicto lingüístico en Cataluña, con todos los focos apuntando ahora hacia el Turó del Drac. «No hay nada más horrible que sentirse señalado por no hacer nada», clamaba una madre y vecina de la localidad a las puertas del colegio, convertido en centro de atención desde primera hora. «Me parece una vergüenza, no voy a politizar el tema, lo que me parece una vergüenza es lo que ha pasado después, que se tomen represalias contra ellos. Todo lo demás me da igual», añadía sobre la familia afectada.

Una opinión distinta a la de otras familias, también presentes ayer en la escuela. Es el caso de un profesor de la UAB: «La inmersión funciona perfectamente, se está manipulando». «No tiene ningún sentido, es una obligación. Nos tenemos que plantear si un solo individuo puede obligar al resto a algo que está consensuado socialmente», resumió sobre el caso concreto del menor de P5. «¿Represalias? Es un juego de tipo retórico», respondió al ser preguntado por la campaña de acoso.

Dos voces que escenifican el choque y el enfrentamiento en Canet, una localidad que hoy volverá a vivir un nuevo episodio de tensión en la calle con la mencionada protesta en los aledaños del centro convocada por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) en defensa de la inmersión. El AMPA del centro ha llegado a pedir explícitamente alejarla de las puertas y de la hora de salida para no exponer a los menores.