La Generalitat ofrece protección jurídica a los profesores para blindar el catalán en los colegios

Ofensiva del Govern ante la sentencia del TSJC que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha encabezado la reunión semanal del Govern celebrada este martes en el Palau de la Generalitat.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha encabezado la reunión semanal del Govern celebrada este martes en el Palau de la Generalitat. FOTO: Quique Garcia EFE

La inmersión lingüística se antoja la primera batalla de 2022 en la política catalana. A finales de enero, la Generalitat tiene que dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impartir un mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano en el sistema educativo catalán, pero, de momento, ha dado muestras claras de que su intención es desobedecer. Y, para ello, necesita contar con la alineación de todos los centros educativos, con sus directores y profesores a la cabeza y, en este sentido, para conseguirlo, el Govern ha aprobado hoy un acuerdo para ofrecer defensa jurídica a todos los responsables y trabajadores de cada escuela.

El ejecutivo catalán ha aprobado “proteger con todos los medios las personas que rigen los centros educativos, los docentes y el resto de personas que prestan servicios ante posibles ataques”. “Y, de acuerdo, con el principio legal de indemnidad, acuerda poner a los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la administración de la Generalitat a su servicio”, señala el Govern. De esta manera, Pere Aragonès trata de blindar jurídicamente al “brazo ejecutivo” de la desobediencia a la sentencia del TSJC, que son los propios centros educativos.

Las escuelas son quienes deberán de cambiar en los próximos días sus proyectos lingüísticos para dar cumplimiento a la sentencia del TSJC: es decir, deberán incluir un mínimo del 25% de las horas lectivas en castellano en sus programas escolares. Pero cuentan con el respaldo de la Generalitat para desobedecer y algunos centros ya han respondido que no piensan acatar la resolución judicial, tal y como expresaron en algunas respuestas a entidades probilingüismo, como Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), cuando le remitieron una carta por escrito en la que solicitaban que cumpliera. “Payasos” o “a cagar” son algunas de las respuestas que enviaron algunos de los directores de escuela.

“El catalán está lejos de estar normalizado”, ha afirmado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que ha reiterado el mantra del independentismo de que la escuela catalana, con la inmersión lingüística (es decir, con el catalán como lengua vehicular), es un “modelo de éxito”. En este punto, Plaja también ha intentado explicar el porqué de este acuerdo del Govern: según sus palabras, ya había “blindaje” para todos los profesores, pero “lo que se ha querido hacer con este acuerdo es dar una muestra formal e institucional de cuál será la posición del Govern ante todos aquellos que quieran interferir en el modelo de la escuela catalana”. “No puede estar en juego por amenazas o coacciones que sufran los profesores”, ha dicho la portavoz.

Con esta decisión, en todo caso, el Govern va dando cumplimiento a su plan para blindar el catalán en la escuela y marginar el castellano. Hace unas semanas, Pere Aragonès anunció tres propuestas: aumentar la supervisión de todos los centros educativos para comprobar que se cumple con la inmersión lingüística intensificando la actividad de los inspectores educativos; crear un marco jurídico para proteger el catalán en la educación (aquí se encajaría esta decisión tomada este martes); y, contratar más profesores para cumplir la sentencia del 25% solo en determinados escuelas. Plaja también ha anunciado hoy que la semana que viene habrá una nueva cumbre por la lengua para valorar qué pasos dar. “Es una prioridad de este gobierno”, ha insistido la portavoz.

El Govern, de momento, está contando también con la complicidad del Gobierno, que es la otra parte importante en este proceso, ya que la Abogacía del Estado es quien debería de instar a la Generalitat a dar cumplimiento a la sentencia. El ejecutivo español parece poco interesado en exigirlo para evitar molestar a sus socios (Esquerra) y, ante esta situación, asociaciones probilingüismo agrupada en Escuela de todos han iniciado una campaña para hacer cumplir con la resolución judicial.

En paralelo, a la espera de que se cumpla esta sentencia que afecta a todo el sistema educativo, sigan apareciendo resoluciones para aplicar el 25% en escuelas concretas. Hoy mismo, ha trascendido que el TSJC ha fallado a favor de una familia (es la octava, ya) que había pedido más español en el Instituto Ramon Barbat de Vila-Seca, en Tarragona.