La Generalitat aumenta las inspecciones por el uso del catalán en las escuelas

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció recientemente que incrementará las inspecciones en las escuelas catalanas para controlar que se cumplen los proyectos educativos en los centros y se dan todas las clases previstas en catalán.

Tras una “cumbre” de la lengua con entidades sociales, culturales y asociaciones con el objetivo de dar respuesta a la sentencia sobre el uso del castellano en la escuela, en el Palau de la Generalitat, explicó que las medidas que adoptará para defender el modelo “de éxito” y “convivencia” de inmersión lingüística.

Además de incrementar las inspecciones y encargar un análisis de la situación del catalán en la escuela que llevará a cabo la Universidad de Barcelona (UB), también ha anunciado que Educación incrementará el número de docentes en las aulas afectadas por decisiones de los tribunales y aprobará una nueva legislación para hacer frente a la “ofensiva judicial, mediática y política”.

Aragonès añadió que la conselleria de Educación incrementará en 35 el número de docentes en las aulas en las que se aplique un 25 por ciento de educación en castellano tras sentencia judicial, para “preservar el proyecto lingüístico” del centro.

Por su parte, el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, aseguró que durante los próximos meses se concretará qué forma jurídica adquiere esta modificación.

Sostuvo que se hará en consenso con partidos y entidades y se consultará a “lingüistas de referencia” en un contexto de auge del aprendizaje por competencias.

Gonzàlez-Cambray aseguró que los centros en los que se aplique este refuerzo docente podrán decidir cómo se organizan para aprovechar dicho incremento.

“Todo ataque a la lengua y las herramientas que garantizan su progreso es un ataque a los pilares de la convivencia. No solo nos jugamos el futuro de la lengua sino que nos jugamos una idea común de país y el futuro de Cataluña tal y como la hemos entendido hasta ahora”, afirmó el presidente de la Generalitat.

Los inspectores vigilarán que lo que está establecido en el proyecto lingüístico de cada centro “sea lo que pasa dentro de las aulas”, ha concretado Aragonès.

La respuesta del Partido Popular no tardó en llegar, y registró en el Congreso de los Diputados una ley que pretende forzar a la Generalitat a cumplir con la cuota de un 25% de clases en castellano en todas las aulas, tal y como decretó el TSJC.

La ley aboga por la creación de un Cuerpo de Alta Inspección Educativa del Estado que, primero asegure que se cumple la pauta anterior y que, después, vele por los derechos educativos de los alumnos, garantizando así que puedan recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado en cualquier lugar del territorio.

La formación popular busca dar forma a un grupo de inspectores dependientes del Estado que puedan acceder a la escuelas, revisar currículos estudiantiles o libros de texto para cerciorarse de que se está recibiendo enseñanza en castellano.

Además, comprobarán que el material didáctico se adecua a las enseñanzas comunes; que éstas se imparten acorde a lo dispuesto por el ordenamiento estatal sobre las materias obligatorias básicas; y verificarán que los estudios cursados se adecuan a lo establecido en la legislación del Estado, a efectos de la expedición de títulos académicos y profesionales válidos en toda España.