Ultimátum para cumplir el 25% del castellano

La Generalitat debe notificar cómo y quién aplicará el fallo en una semana y media y tendrá un máximo de dos meses para acatar y tumbar la inmersión

Ultimátum judicial a la Generalitat para que aplique una asignatura más en español que la propia de Lengua en todo el sistema educativo catalán. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado firme la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas y ha otorgado un plazo de diez días a la Generalitat para que informe sobre su ejecución. A partir de entonces se pondrá en marcha una cuenta atrás de dos meses para acatar y tumbar el sistema de inmersión lingüística imperante con el catalán como única lengua vehicular.

En el escrito, el TSJC declara firma la sentencia pronunciada el 16 de diciembre de 2020 tras la inadmisión del recurso de la Conselleria de Educación de la Generalitat ante el Tribunal Supremo.

De acuerdo con la ley contenciosa, la Generalitat como parte demandada tiene dos meses como máximo -a partir de que la Generalitat comunique haber recibido la notificación del TSJC, en los próximos diez días- para dar cumplimiento a la sentencia, en concreto hasta finales de marzo. Una vez transcurrido ese plazo, el Ministerio de Educación o cualquiera de las partes y personas afectadas por el fallo podrán instar a su ejecución forzosa.

En concreto, el dictamen del TSJC emplaza a la Generalitat a llevar a “puro y debido efecto” la resolución sobre el castellano en las aulas y a poner en práctica “lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo”.

Además, pide al Govern que, también en ese plazo de diez días, indique cuál es el órgano responsable de dar cumplimiento a la resolución del alto tribunal catalán. Un aspecto importante ya que el Ejecutivo catalán debe explicar ahora la forma en qué lo hará y quien será el responsable de velar por el cumplimiento del 25% de castellano, lo que abre la puerta a hipotéticas denuncias o investigaciones por la vía penal contra los responsables en cuestión si finalmente la Generalitat desobedece.

Por tanto, la pelota está ahora en el tejado del Govern de Pere Aragonès. Al respecto, el conseller de Educación, Josep González-Cambray ha indicado que la sentencia “forma parte del procedimiento” y que desde hoy tienen 10 días “para notificar” que han recibido la comunicación. En una declaración a los medios en un acto en Badalona, Cambray ha asegurado que el Ejecutivo piensa seguir con el proceso previsto y esperará dos meses, aunque no ha sido claro sobre si acatará o no el fallo judicial al término del plazo. Desde la Generalitat seguirán “dando cumplimiento a la LEC, que marca que al acabar la etapa de educación obligatoria los alumnos deben tener asumidas las competencias en lengua castellana y catalana”, se ha limitado a responder.

En paralelo, el constitucionalismo se va organizando para ganar músculo y poder frenar cualquier intento de desacato del Ejecutivo catalán. En este sentido, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha iniciado una campaña y ya ha unido a más de 200 familias a favor de la aplicación de la sentencia. La previsión es, al ritmo actual, alcanzar las 1.000 firmas a principios de febrero.

De momento, pocos o prácticamente ningún colegio público se ha atrevido a declarar que desobedecerá la sentencia. De hecho, la AEB remitió una carta a un buen puñado de escuelas para advertirle de que deberían cumplir con la resolución judicial, pero, más allá de recibir grotescos insultos, nadie osó decir que iban a desacatar.