Los profesores catalanes llaman a desobedecer la sentencia del 25 % de castellano

El sindicato majoritario Ustec·Stes ha pedido este martes al Govern que fije por decreto los proyectos lingüísticos de los centros educativos catalanes, “blindando” el carácter vehicular del catalán y la inmersión lingüística.

En una rueda de prensa, su portavoz Iolanda Segura ha apuntado que, ante la sentencia firme que fija un 25% de horas en castellano, “quien tiene que tomar las riendas” y no acatarla es la conselleria de Educación de la Generalitat, ya que la Lomloe cede a las autonomías las decisiones lingüísticas.

El miembro de la comisión jurídica del sindicato, Julià Llinares, ha reconocido que el departamento debe buscar una “filigrana jurídica” para dar encaje a la decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), para lo que tiene un plazo de dos meses que empezó a correr el pasado viernes, con la notificación de la firmeza, para darle cumplimiento.

No obstante, tanto Llinares como Segura han asegurado que la sentencia no tiene base jurídica, ya que en distintas normativas --el Estatut y las leyes catalanas de educación, normalización y política lingüística-- se fija que el idioma preferente de la educación es el catalán, sin establecer porcentajes.

Por ello, han sostenido que el profesorado imparte la docencia en catalán debe estar tranquilo porque lo hace “protegido por un marco jurídico que lo avala”, sumando la Lomloe.

Segura ha apuntado que el decreto que solicitan debería dejar un “mínimo margen de flexibilidad” para la realidad sociolingüística de los centros.

La portavoz ha admitido que dicha petición va en contra de lo que dispone la normativa sobre autonomía de centros, una reglamentación que les desagrada porque hace que la responsabilidad ante ciertos problemas “recaiga” sobre las direcciones.

Ha criticado que la sentencia del 25% ha “incrementado la presión y la sensación de miedo e inseguridad” en los centros, especialmente los que se planteen no acatarla.

Los sindicatos Ustec·Stes e Intersindical·CSC ya pidieron la pasada semana a la Generalitat que “no aplique” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia sobre el 25% de castellano en las aulas, declarada firme, y que refuerce el modelo lingüístico.

Segura afirmó, en declaraciones a Europa Press que la conselleria de Educación debe “proteger la aplicación de la inmersión lingüística” legislando al respecto, para no dejar al personal educativo desprotegido, inseguro y con miedo --en sus palabras--.

Afirmó que la inmersión no genera discriminación y que, si no se garantiza el carácter vehicular del catalán, habrá alumnado que terminará su escolarización sin tener el conocimiento suficiente de dicha lengua.

A su vez, Intersindical·CSC ha sostenido en un comunicado que las sentencias sobre el 25% de castellano en las aulas “responden a intereses y criterios ideológicos y no pedagógicos, que son los que tendrían que guiar la labor educativa”.

Por ello, ante lo que consideran una “injerencia judicial” en la educación catalana, ha pedido al Govern que no ceda a presiones y no ejecute la sentencia y aplique la normativa catalana por la que la lengua vehicular de la educación es el catalán.