La falta de transparencia cerca a Borràs en el Parlament

Laura Borràs asumió la presidencia del Parlament con la intención de situar a la institución como motor del «procés». Borràs había sido muy crítica con el papel desempeñado por su antecesor Roger Torrent (Esquerra) y por los altos funcionarios de la cámara catalana (el secretario general y el letrado mayor eran los principales señalados), a los que consideraba un lastre para desafiar al Estado y materializar la independencia de Cataluña. Por ello, nada más llegar al cargo a finales de marzo, tomó una decisión contundente: relevó al secretario general Xavier Muro y colocó a Esther Andreu.

Muro estaba en el punto de mira de JxCat y del independentismo más radical porque había plantado cara a muchos de los órdagos que había intentado el separatismo (entre ellos, cuando decidió atender el requerimiento de la Junta Electoral y retiró el escaño de diputado a Quim Torra cuando fue inhabilitado o cuando publicó las resoluciones contra la Monarquía aprobadas en la cámara corregidas en el Boletín Oficial).

Muro era el más señalado entre las filas de JxCat, aunque también hay otras figuras que han ido cosechando numerosas críticas por atreverse a contradecir a los posconvergentes en sus intentos por desafiar al Estado: los dos últimos letrado mayor (figura que se encarga de asesorar jurídicamente a la Mesa del Parlament), Antoni Bayona y Joan Ridao, también han estado en el punto de mira. De hecho, Borràs nombró a un nuevo letrado mayor y colocó a Miquel Palomares.

Con un equipo a su medida, la presidenta del Parlament iniciaba el mandato al frente del hemiciclo, aunque la «purga» se le ha vuelto en contra con el escándalo destapado por el diario «Ara» sobre el privilegiado régimen de prejubilaciones de los funcionarios en el Parlament. ¿Por qué? Porque Andreu, nombrada por Borràs, está señalada como la responsable de obstaculizar la publicación de este caso bautizado como «licencias de edad» (podían optar a ellas todos los funcionarios que hubieran trabajado 15 años en el Parlament y hubieran cumplido los 60 años y los sueldos podían ir de 4.000 a más de 10.000 euros) y las peticiones de dimisiones se han ido acentuando en las últimas horas. Sin embargo, la presidenta del Parlament se niega a cesarla y cada día que pase con esta polémica sin cerrarse, será mayor desgaste para Borràs y sus aspiraciones a la presidencia de la Generalitat.

Sobre todo, después de que el propio Bayona haya también señalado a la propia Andreu. De hecho, el exletrado mayor plantea que se abra una investigación contra Andreu, algo que impactaría contra la propia Borràs. Andreu hizo un comunicado ayer negando que haya puesto trabas a la publicación de los sueldos de los funcionarios y contrapuso el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales.

Habrá que ver qué tipo de apoyos tiene esta iniciativa contra Andreu porque el propio PSC ha evitado aclarar su postura y JxCat y Esquerra parece difícil que accedan. La CUP, por su parte, sí que va a iniciar contactos con todas las partes implicadas para conocer con detalle lo sucedido.

Lo cierto es que Bayona es una voz autorizada para hablar de este tema porque era miembro de la Comisión de garantía del derecho de acceso a la información del Parlament, órgano que facilita datos como los sueldos. Sin embargo, por orden de Andreu, se tumbaron las distintas peticiones del «Ara» para que se diera la información sobre las «licencias de edad» y tras todo este revuelo, Bayona, junto a otros dos miembros, decidieron dimitir.

Este cerco ha obligado a Borràs a actuar con rapidez y, una semana después y tras varios movimientos un poco contradictorios en el último mes (ya que en diciembre sí apostó por renovar estas «licencias de edad»), finalmente se ha decidido eliminar estos sueldos a los funcionarios del Parlament que no trabajan.

Borràs acudió ayer a la reunión de la Mesa del Parlament con la propuesta bajo el brazo y fue aprobada por todos los miembros que forman parte (PSC, CUP, ERC y JxCat), aunque todavía está lejos de que se despliegue porque requiere un proceso. La Mesa tendrá que trasladar esta decisión al Consell de personal del Parlament, después a la Mesa ampliada y después a la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament (CAI). En cualquier caso, aún se desconoce si la supresión de las «licencias por edad» afectaría a los trabajadores que ya tienen ese derecho adquirido.