La Fiscalía archiva las denuncias contra Aragonés por incumplir el 25 % de clases en castellano

La Fiscalía Superior de Catalunya ha archivado cuatro denuncias de distintas asociaciones probilingüismo que presentaron contra el presidente del Govern, Pere Aragonès, y el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por supuestamente incumplir la sentencia que obliga a que el 25% de horas lectivas sean en castellano.

En un decreto de este lunes, el fiscal aúna las cuatro denuncias por los mismos hechos y las archiva porque no considera que haya ningún delito que investigar.

Los denunciantes atribuían a Cambray los presuntos delitos de coacciones, prevaricación y discriminación en la prestación de un servicio público, y otra también atribuía a Aragonès supuesta desobediencia al TSJC.

En concreto, una denuncia de la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB) hacía referencia a los padres de una alumna de la escuela Turó de Drac, en Canet de Mar (Barcelona), que pidieron a la Conselleria aplicar la sentencia del TSJC sobre el 25% de castellano de manera cautelar.

La misma denuncia cuenta que la escuela convocó a los padres de todo el alumnado a una reunión para explicar estas medidas, tras lo que algunos crearon un perfil de Twitter en el que mostraban su disconformidad con la medida judicial, y la AEB cree que eso era “parte de una estrategia” de la Generalitat para evitar aplicar la sentencia.

También según la denuncia de la AEB, la decisión del tribunal tuvo “una reacción hostil” de la Generalitat y atribuye a los tuits de ese perfil que crearon padres y madres de alumnos el presunto delito de amenazas a testigos de un procedimiento judicial, lo que la Fiscalía descarta.

Otra denuncia ya archivada, presentada por Hablamos Español, menciona la carta que Cambray envió a los directores de escuelas cuando la sentencia del TSJC pasó a ser firme, y quería imputar al conseller por prevaricación por el contenido de esa carta.

La tercera denuncia archivada, de Manos Limpias, usaba la misma carta para atribuir tanto a Cambray como a Aragonès los presuntos delitos de desobediencia, coacciones y amenazas.

La última denuncia alegaba “ningún colegio” de Cataluña ha aplicado la sentencia del TSJC, de lo que infería un presunto delito de desobediencia que atribuía a la Generalitat.

En diciembre, Aragonès evitó hacer referencia explícita a una desobediencia a la sentencia del 25% de la educación en castellano, pero sí anunció un plan de respuesta para esquivar su cumplimiento. Entre otras cosas, ha dado la orden de “intensificar” el trabajo de los inspectores educativos para blindar el catalán en las escuelas: se dedicarán a supervisar que en todos los centros se dan las clases como está fijado en los proyectos lingüísticos (es decir, si en el plan del colegio se prevé impartir matemáticas en catalán, se vigilará que se cumple). El president contraatacó argumentando que en las escuelas se dan menos clases en catalán de lo establecido.

Asimismo, el Govern anunció que se incrementarán los profesores en todos aquellos centros educativos en los que haya padres que piden un 25% de castellano para el aula de su hijo y las escuelas decidirán en qué modo gestionan los recursos. González-Cambray evitó concretar si eso significa que en las aulas afectadas habrá dos maestros impartiendo la misma clase: uno en catalán y otro en castellano. No obstante, esta medida dejaba entrever que la Generalitat solo aplicará el 25% de castellano en las aulas que se pida, como viene sucediendo hasta ahora, y no se aplicará a todo el sistema educativo, como dictan los tribunales.

Finalmente, Aragonès también anunció que el Govern desplegará un nuevo marco legal para proteger jurídicamente el catalán en las escuelas, aunque tampoco dio detalles de cómo se hará ya que hay que tener en cuenta que el castellano en la escuela es un derecho que emana de la Constitución.