El Gobierno, contra las cuerdas por el veto a la reforma laboral de ERC

Esquerra da ahora mismo por imposible votar a favor del decreto Ley de la reforma laboral. La votación es este jueves y los republicanos han elevado el tono públicamente en las últimas horas contra el Gobierno porque, según entienden, no ha hecho ningún gesto ni se ha prestado a negociar. Los republicanos imponen varias exigencias de contenido en el texto, pero, conscientes de que el decreto no se puede modificar (se tiene que votar lo aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros), se agarran a tramitarlo como proyecto de Ley para introducir posteriormente todas sus demandas.

No obstante, esa vía tampoco la comparte Moncloa: sobre todo, la parte del PSOE, que se ha comprometido con los empresarios a no tocar ni una coma del texto. Además, a los socialistas ya les conviene esta posición, que les permite proyectar centralidad en el inicio del maratón electoral. Si bien, esta postura enfurece a Podemos, quien rechaza sacar el decreto adelante con Ciudadanos y UPN, integrado en el grupo parlamentario popular. Para tratar de evitar esa foto, la vicepresidenta Yolanda Díaz se ha arremangado y va a destinar todos los esfuerzos a tratar de seducir a los socios de investidura, con Esquerra a la cabeza. Tanto es así que la vicepresidenta ha liberado toda su agenda para centrarse en la reforma laboral y salvar a un Gobierno que ahora está contra las cuerdas.

Díaz ya desembarcó la semana pasada en Barcelona y lanzó un guiño a Esquerra con la convocatoria de una cumbre para subir el Salario Mínimo Interprofesional, pero los republicanos siguen muy lejos de cambiar el sentido del voto. Hay dos elementos que determinan ahora la posición de ERC: por un lado, el contenido del texto, ya que consideran que se ha quedado muy lejos de las reivindicaciones de la «calle» y de los «programas electorales»; y, por otro lado, la actitud del Gobierno, opuesto a negociar.

En este sentido, en el apartado del contenido, los republicanos exigen cuatro condiciones claves, todas ellas dirigidas a derogar la reforma laboral de 2012: recuperar los salarios de tramitación, volver a los 45 días por año trabajado en caso de despido improcedente, devolver a la Generalitat la capacidad para autorizar los ERE en un contexto de crisis industrial en Cataluña por el goteo de marcha de empresas y anteponer los convenios autonómicos a los nacionales. Todos estos elementos aspiran a corregirlos a posteriori: es decir, se aprueba el decreto Ley para que entre en vigor, pero se tramita como proyecto de Ley introducir sus exigencias. En el apartado de la actitud del Gobierno, critican que no se abra a negociar nada: de hecho, al comparar esta situación con la de los Presupuestos o la Ley del audiovisual, recuerdan que en ambos casos sí pudieron negociar, pero ahora, no.

A todo esto, la portavoz Marta Vilalta también trató ayer de matizar y dijo que, en ningún caso, critican a los sindicatos (CC.OO. y UGT en Cataluña representan a más de un millón de trabajadores). La presión sobre ERC es cada día más alta y la incomprensión sobre su postura crece (UGT está muy vinculada a ERC y el 80% de los electores de ERC son partidarios de esta reforma, según el CIS). De fondo, la relación entre el Gobierno y Esquerra también se enturbia por el continuo retraso de la mesa de diálogo.