Paralizan la deuda de 6,6 millones de JxCat por el expolio del Palau

La Audiencia abrió una pieza por responsabilidad civil de esta cifra millonaria por la que fue condenada Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

La sede del TSJC, en Barcelona
La sede del TSJC, en Barcelona FOTO: Europa Press

La sección 10 de la Audiencia de Barcelona ha acordado no continuar la ejecución de la sentencia contra el PDeCAT y Junts por el caso Palau, a quienes abrió una pieza por responsabilidad civil de 6,6 millones de euros por la que fue condenada Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

En un auto consultado, la Audiencia ha declarado que “no es competente” de acuerdo con el pronunciamiento del Tribunal Supremo (TS), que señaló que la competencia del caso es del Juzgado Mercantil 9 de Barcelona, debido a que CDC se encuentra en procedimiento concursal.

El Juzgado Mercantil 9 de Barcelona abrió un procedimiento concursal en marzo de 2020 fruto del concurso voluntario presentado por CDC, y, por este motivo, se creó un conflicto de competencias entre la ejecución del concurso dictado por el Juzgado y la ejecución de la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

“No procede continuar esta ejecución contra el PDeCAT, ni contra Junts al carecer la competencia para declarar hipotética sucesión”, han añadido.

Ha explicado que CDC está en situación de concurso de acreedores y que todos los bienes presentados y futuros deben integrarse en la masa de acreedores, y desde la Audiencia han manifestado que no se encuentran “jurídicamente ante una sucesión en la relación jurídica material”.

Respecto a la certificación de la solicitud de inscripción del partido Junts, han explicado que “teniendo en cuenta quién consta como presidenta, secretario y tesorera, así como el domicilio que se designa como sede y la fecha de la inscripción, no acredita una sucesión de CDC”.

La sección 10 de la Audiencia Provincial de Barcelona abrió una pieza separada en el trámite de ejecución de la sentencia del caso Palau para determinar la sucesión de CDC, condenada como responsable civil, de los partidos PDeCAT y Junts, y también dictó una sentencia condenatoria en la que ordenaba el decomiso de los bienes obtenidos por CDC, Fèlix Millet y Jordi Montull en la comisión de tráfico de influencias.

El año pasado, la Audiencia de Barcelona inició los trámites para averiguar si PDeCAT y JxCAt son sucesoras de CDC y, como tales, deben asumir el pago de los 6,6 millones de euros decomisados a la extinta formación por el cobro de comisiones ilegales a través del Palau de la Música.

En un auto, la sección décima de la Audiencia de Barcelona acordó abrir una pieza separada para resolver sobre la sucesión de CDC y, para ello, requiere los planes de liquidación del concurso presentado por la extinta formación, la inscripción de JxCat en el registro de partidos y su certificación electoral.

De esa forma, el tribunal pretendía dar respuesta a la petición de la acusación particular ejercida por la Fundació Palau de la Música y el Orfeó Català en el caso del expolio del Palau de la Música para que se reclame a JxCat y a PDeCAT, como herederas de CDC, los 6,6 millones que debe devolver por el cobro de comisiones.

La sentencia por el saqueo del Palau de la Música por parte de Fèlix Millet y Jordi Montull ordenó el decomiso de esos 6,6 millones de euros a CDC y condenó a su extesorero Daniel Osàcar por el cobro de comisiones ilegales de la constructora Ferrovial a través del Palau de la Música, en una sentencia que el Supremo confirmó en abril del año pasado.

Dos meses después, la formación que Jordi Pujol fundó en 1974 y que en 2016 cedió el testigo político al PDeCat, presentó un concurso voluntario de acreedores ante los juzgados de lo mercantil, en un penúltimo paso para su liquidación definitiva, con lo que, advierte la Audiencia, “no existe ningún otro patrimonio a embargar”.

El tribunal decidió iniciar los trámites para reclamar el pago de esos 6,6 millones a las sucesoras de CDC, tras constatar que las 22 sedes que se embargaron a la formación durante la instrucción del caso están peritadas en 3,6 millones, con lo que, en caso de ser subastadas, “en ningún caso cubriría la cantidad objeto de condena”.