¿Qué es la tasa Amazon y por qué Colau tiene tantos problemas para implantarla en Barcelona?

La tasa Amazon lleva años rondando a los responsables del área económica del Ayuntamiento de Barcelona. Al fin y al cabo, la alcaldesa, Ada Colau, ha encontrado un filón en el uso del espacio público, como en su día fue la zona azul, con las terrazas de los bares, y ahora quiere que las plataformas logísticas también pasen por caja. La regulación, sin embargo, es compleja ya que ninguna ciudad en ningún lugar del mundo ha regulado este tipo de actividad económica. De ahí que su implantación se haya ido postergando hasta, según parece, este verano. Colau, por lo tanto, implementaría la tasa Amazon antes de las elecciones municipales. Pero no es sencillo encajar legalmente cómo y a quién gravar, ¿al consumidor? ¿al repartidor? ¿a todas las empresas o solo a las que no tienen estructura en la ciudad? ni si un Ayuntamiento tiene competencias para ese tipo de tasas.

Hace dos años, el Ayuntamiento aprobó a propuesta de ERC el estudio de una propuesta para gravar el reparto de mercancías urbano en la capital catalana. El gobierno municipal encargó un informe a la Universidad Carlos III, del que explicó algunas conclusiones el abril del año pasado.

La medida busca un objetivo fundamental: defender la estructura comercial tradicional y al pequeño comercio ante el auge del comercio online, un mercado dominado por plataformas multinacionales.

También cumpliría, según los promotores, un objetivo medioambiental, ante la proliferación del transporte de paquetes por toda la ciudad y la cantidad de viajes que se realizan en balde. Es contaminante -en su mayoría- y en muchas ocasiones no respeta las regulaciones de carga y descarga, por lo que complica especialmente la fluidez del tráfico y, en consecuencia, aumenta las emisiones.

La complejidad de la tasa radica en que el actual marco legal impide que sea formalmente un impuesto para evitar que sea considerada una ayuda encubierta para comercios con reparto esporádico. El Ayuntamiento también quiere dejar al margen, así pues, tanto al comercio local como a los riders. Así las cosas, la propuesta del informe plantea una tasa dependiente de una ordenanza municipal “por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas para la prestación de servicios postales”; y la creación de una reserva de plazas de aparcamiento de utilización obligatoria para las entregas a domicilio, por lo que requeriría que los operadores tuvieran una licencia específica.

En resumidas cuentas, que los repartidores de macroempresas logísticas tengan que aparcar en unas zonas concretas para poder realizar el reparto de paquetes. Por lo que pagarían el permiso para aparcar en estos espacios anualmente a través de una licencia.

Esto afectaría a empresas como Amazon o Aliexpress tanto en los casos en que se vende inventario propio como en los que se comercializan productos de terceros, si dichas empresas online ofrecen y realizan las actividades de logística de la entrega.