Estampida de Policías en Cataluña: Se van 700 cada año

Sin duda, la Policía Nacional se ha convertido en uno de los principales objetivos del independentismo durante el “procés”. Y eso ha repercutido sobre los agentes del cuerpo sustancialmente en los últimos años, que han optado por marcharse de Cataluña: como reflejan los datos, cada año se están yendo 700 policías de media de la autonomía catalana hacia otros puntos de España, según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), casi un 25% de la plantilla (compuesta por 3.000 agentes).

Sin embargo, 2021 ha aumentado aún más y se han ido 900, cifra que ha disparado las alarmas y ha echado a la calle a algunos sindicatos, como el Sindicato Unificado de Policía, que ha convocado este lunes una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Cataluña, que ha reunido a unos 60 agentes y han contado con el apoyo de Vox y Ciudadanos, para exigir medidas que frenen esta estampida.

La principal medida que reclaman es que Cataluña se convierta en Zona de Especial Singularidad, como ocurre en el País Vasco o los territorios insulares (Baleares o Canarias). Además de esta consideración, reclama que se impongan medidas que permitan una mejor conciliación familiar, más días de vacaciones o una subida salarial. “Son medidas para evitar que se marchen”, ha señalado el portavoz del SUP, Antonio Granados, en declaraciones a este diario.

Lo cierto es que esta petición viene motivada por tres causas: la primera y más remarcable de todas es el “hostigamiento” que sufren los agentes de la Policía en Cataluña. Granados reconoce que ahora el independentismo está “dormido” y se han reducido los ataques directos (en forma de escraches, por ejemplo), pero no ha reducido el clima de rechazo de los separatistas. “Los policías tienen que esconderse porque temen ser reconocidos”, apunta, en referencia a que los agentes se ven obligados a tratar de pasar desapercibidos o evitar desvelar su trabajo para evitar ciertas

La segunda causa es la “carestía de vida”, ya que Granados explica que el precio de la vida no es el mismo que en otros muchos rincones de España. El precio de los bienes básicos o de la vivienda en Barcelona, sobre todo, es muy superior, en general, al del resto del territorio nacional.

Y, la tercera, es intentar favorecer el “arraigo” de los policías y evitar la estampida cada año: se van, de media, 700 agentes anualmente. Y eso también tiene repercusiones en el trabajo ya que, por un lado, hay una brecha generacional en el propio cuerpo ya que los jóvenes llegan forzados y se quedan los dos años obligatorios y se van y los agentes que hay ya arraigados aquí pueden estar por encima de los 50 años. Por otro lado, esto genera un “déficit de oficiales y subinspectores” y un déficit, por ejemplo, en áreas de investigación. “No es lo mismo poner a un agente a hacer DNI que trabajar en grupos de investigación, porque requiere formación”, aseguran desde el SUP. De hecho, hay líneas de investigación abiertas que se quedan en el limbo porque son comenzadas por jóvenes, pero se van cuando pueden “y no se pueden terminar”. “Esto repercute en el ciudadano”, señala Granados.

En un comunicado, el sindicato también lanza un mensaje al Gobierno y advierte que “no puede pasar ni un día más” sin que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaksa, “cumpla sus promesas” y “deje de convertir” a la Policía “en una moneda con la que mercadear y aceptar el chantaje de una minoría independentista que parece tener la capacidad de presionar para limitar, cercenar y manipular” la Constitución.

Ciudadanos y Vox

El líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, que ha estado presente en la concentración, ha acusado a la Generalitat y a las fuerzas independentistas de “vejar” y “hostigar” a la Policía Nacional y querer “expulsar” de Cataluña a este cuerpo, a la Guardia Civil y a jueces y fiscales.

El líder de Vox, Ignacio Garriga, ha dado su apoyo a la Policía para que se declare a Cataluña como Zona de Especial Singularidad (ZES) para dar incentivos, ya que cree que están “abandonados, perseguidos y asediados por el separatismo catalán”. Ha insistido en la necesidad de estos incentivos porque cree que en Cataluña se promueve la “violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde los despachos y coches oficiales”.