Un técnico de Ciutat Vella niega irregularidades en la tramitación de pisos turísticos

Un técnico de licencias del distrito de Ciutat Vella del Ayuntamiento de Barcelona acusado de presunta concesión fraudulenta de licencias de pisos turísticos entre 2005 y 2009 ha negado irregularidades en la tramitación de esos pisos.

Lo ha dicho en la sesión de este jueves en la Audiencia de Barcelona, en la que se ha interrogado a uno de los cuatro acusados --hubo 23 pero, tras las diferentes conformidades y retiradas de acusación por parte de la Fiscalía, el juicio sigue solo contra los cuatro--.

El acusado, que trabaja en el consistorio desde 2003, ha asegurado que no recibió presiones por parte de sus superiores para agilizar expedientes de pisos turísticos.

Durante esta sesión, el acusado ha respondido las preguntas de la fiscal anticorrupción, y ha explicado que él era un técnico interino --cargo que sigue manteniendo-- y que, después de un plan urbanístico especial, en 2005 se abrieron nuevos pisos turísticos en la ciudad pero se “simplificaron los trámites”.

Ha asegurado que su trabajo era examinar el informe de propuesta de concesión y comprobar que cumplían los requisitos: que estuvieran dados de alta en el registro y que tuvieran cédula de habitabilidad.

El acusado ha dicho que en tres meses tramitó unos 670 expedientes, y que en ese momento no vio “falsificaciones documentales”, aunque ha añadido que durante la causa judicial sí ha visto algún contrato presuntamente falsificado.

“Yo creo que volvería a firmarlo hoy”, ha respondido cuando la fiscal le ha preguntado sobre uno de los expedientes, porque ha asegurado que todo lo que ha firmado cumplía los requisitos.

“Mi trabajo no es buscar falsedades. El certificado dice lo que dice. Entonces no lo vi. Ese certificado tiene apariencia de ser bueno, y así lo traté, así lo tratamos”, ha afirmado.

Asimismo, ha explicado que la licencia se concedió porque quedaba acreditado que estaban dados de alta y de que disponían de cédula, y que él no hace “un examen minucioso de los expedientes”, aunque ha reconocido que no verificaba toda la documentación.

Recientemente, empezó el juicio contra 23 personas acusadas de pertenecer a una red corrupta de funcionarios del Ayuntamiento de Barcelona que recibía sobornos de parte de propietarios a cambio de otorgar licencias de apartamentos turísticos. El exagerado retraso de la instrucción judicial motivó que quince de los acusados alcanzaran un pacto con la Fiscalía y lograsen una notable rebaja de las penas a las que se enfrentaban. Admitieron que aceptaron dinero a cambio de facilitar la tramitación de las licencias y pasar por alto las deficiencias detectadas en los apartamentos.

Los principales acusados, Heliodoro Lozano, exdirector de Servicios Técnicos de Ciutat Vella, aceptó dos años y medio de cárcel mientras Joaquín Quílez, ingeniero e intermediario, se conformó con una pena de cuatro años y medio, ostensiblemente inferior a los 20 años que reclamaba para él la Fiscalía. Los propietarios acusados, que pagaron para agilizar las licencias, acordaron penas de seis meses a un año. En cambio, la funcionaria Elena Ariza, a quien se vinculaba también con estas prácticas se negó a pactar y decidió afrontar el juicio. Le piden 11 años de cárcel.

El ingeniero Quílez acepta 4,6 años de cárcel por las licencias y por las amenazas a la edil Itzíar González