Guardias civiles exigen ante la Justicia la ejecución del 25% de castellano

La Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL) solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ejecute en todas las escuelas e institutos la sentencia que impone impartir el 25% de las materias en lengua castellana una vez vencido el plazo de dos meses y con la Generalitat instalada ya en la desobediencia.

Las asociaciones Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español han informado en un comunicado de que presentarán mañana lunes ante el TSJC la solicitud de ejecución de la sentencia en nombre del sindicato JUCIL, que pide aplicar el 25% de castellano para los hijos de los agentes destinados en Cataluña y, en consecuencia, en todo el sistema educativo. El martes, la plataforma Escuela de Todos comandada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe, presentará otra petición de ejecución con hasta 1.500 firmas de familias.

En concreto, el sindicato JUCIL reclamará al TSJC que inste “personal e individualmente a todos los directores de centros educativos de Cataluña a cumplir la sentencia en sus estrictos términos a partir del siguiente trimestre, con todos los apercibimientos correspondientes”.

Además, el escrito pedirá que se declare “inejecutable” la sentencia con relación al primer trimestre escolar y que, en base a ello, se reconozca “el derecho de los afectados a ser indemnizados con 450 euros por el daño moral producido”.

Para Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español, el hecho de que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad el Estado puedan “estar destinados en cualquier municipio de Cataluña” obliga a ejecutar el fallo “en el entero sistema educativo, al ser imposible individualizar la ejecución en un centro educativo concreto”.

El Govern ha consumado su desobediencia y ha esquivado cumplir la sentencia del 25% de castellano. Tenía hasta este viernes para hacer los trámites necesarios para que todas las escuelas públicas de Cataluña garantizaran impartir un mínimo del 25% de las horas lectivas en español, pero se ha negado a hacerlo y ha optado por medidas que buscan flexibilizar la inmersión lingüística, aunque sin fijar porcentajes de castellano, tal y como ha pedido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la resolución judicial dictada en diciembre de 2020 por el TSJC.

Entre las acciones que ha remitido el Govern al TSJC como respuesta al 25% aparece el cambio legal acordado ayer por PSC, ERC y Podemos para modificar la Ley de Política Lingüística de 1998, en la que sí se contempla flexibilizar la inmersión lingüística y se abre la puerta a dar más castellano en determinadas zonas -como ya contempla la LEC, la Ley de Educación de Cataluña, en uno de sus artículos, aunque evita fijar porcentajes. También que el español sea vehicular, como fija la Justicia.