El independentismo más radical se lanza contra el castellano

El independentismo más radical se lanza contra el castellano y busca boicotear la reforma lingüística pactada entre el PSC, Esquerra, los Comunes de Ada Colau y Junts –aunque el partido de Carles Puigdemont se ha desmarcado por el momento– que flexibiliza la inmersión en función de la realidad sociolingüística de cada centro y otorga al español categoría de lengua de «aprendizaje» pese a seguir blindando el catalán. Concesiones más que suficientes para la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que quiere agitar la calle, busca añadir presión a los partidos con la vista puesta especialmente en los posconvergentes y llama a dos jornadas de protesta ante el Parlament.

En concreto, la entidad que preside Elisenda Paluzie ha convocado dos concentraciones en defensa de la inmersión lingüística en la escuela el martes 26 y el jueves 28 de abril ante la cámara, coincidiendo con el próximo pleno en el que los partidos deben debatir y aprobar la reforma de la Ley de Política Lingüística de 1998.

«La inmersión lingüística en catalán, cuando se ha cumplido, ha dado igualdad de oportunidades. Hacer vehicular el castellano en nuestra ley de política lingüística es un autogol intolerable», advirtió la ANC a través de las redes sociales. Un mensaje con dos semanas de antelación para espolear a las bases del independentismo, empezar a caldear el ambiente y conjurarse contra el castellano, sobre todo ante ERC y Junts, los partidos que conforman el Govern.

Y para hacerlo, la entidad independentista echa mano de su propio argumentario, hiperboliza el redactado de la reforma y carga contra la categoría que recibe el castellano –como «lengua de aprendizaje», por primera vez y a petición de los socialistas– para alentar al boicot.

De hecho, los sectores más radicales del independentismo han vetado desde el primer momento el pacto suscrito por PSC, Esquerra, Comunes y Junts con un alud de crítcas en contra de dar más espacio al castellano pese a que el acuerdo sigue blindando la posición preferencial del catalán en las aulas y sirve para esquivar la sentencia del 25% de castellano al no fijar porcentajes.

La ofensiva llevó al partido de Carles Puigdemont a desdecirse y reculó prácticamente a las primeras de cambio, tan solo unas horas después de haber registrado la reforma en la cámara junto a socialistas, republicanos y comunes. La ANC fue una de las voces más beligerantes contra el acuerdo, junto a destacados dirigentes como el propio Puigdemont o incluso Quim Torra.

De hecho, Junts pone como condición para regresar al pacto que haya el «máximo consenso político y social», una máxima imposible de materializar dadas las diferencias entre partidos y entidades, con la ANC a la greña y fijando su postura clara y nítida en contra del castellano.

También la CUP rechazó desde el primer momento el acuerdo hasta el punto de plantear la expulsión directa del castellano de las aulas con una reforma propia –fijaba el catalán como lengua «única»– que nadie ha suscrito. Eso sí, los antisistema no se dan por vencidos e incluso llaman a la movilización de la comunidad educativa para protestar contra el pacto del catalán de PSC, ERC, Comunes y Junts que sumaría hasta 106 diputados de los 135 del Parlament. «Se debe manifestar, necesitamos que las reclamaciones de la comunidad educativa se hagan fuertes», alentó la diputada Laia Estrada.

Por si fuera poco, los antisistema insistieron ayer mismo en que los cuatro partidos «deben recapacitar» y reclamaron directamente que retiren el acuerdo –«una barbaridad», según sus palabras– que se debatirá en el pleno del 28 de abril y que la ANC busca boicotear desde la calle pese al pinchazo de las últimas movilizaciones.