El independentismo, enredado en su plan para esquivar el 25% de castellano en la escuela

La división en el conjunto del separatismo impide a Esquerra y JxCat hallar un punto de encuentro para dar una salida a la sentencia del español

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto a su vicepresidente, Jordi Puigneró (2d), y los consellers de Presidencia, Laura Vilagrà (2i), y de Empresa y Trabajo, Roger Torrent (i).
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto a su vicepresidente, Jordi Puigneró (2d), y los consellers de Presidencia, Laura Vilagrà (2i), y de Empresa y Trabajo, Roger Torrent (i). FOTO: Andreu Dalmau EFE

La aplicación de la sentencia del 25% de castellano ha encendido nuevamente el debate político en Cataluña. El Govern ha regresado a la desobediencia y ha evitado aplicarla en el plazo previsto (tenía hasta el 22 de marzo) y el independentismo ha vuelto a dejar un episodio más de su irremediable división, sin ser capaz de hallar un punto de encuentro para ver cómo esquivar la resolución judicial sin incurrir en consecuencias penales (la Generalitat ha incumplido el primer plazo para aplicarla, pero la posibilidad de delito llega si incumple cuando los tribunales obliguen a ejecutarla, como previsiblemente ocurrirá).

Lo cierto es que PSC, ERC, JxCat y Comunes llegaron a un acuerdo para reformar la Ley de Política Lingüística de 1998 que permitiera flexibilizar la inmersión lingüística en todo el territorio, y quedaba recogida de la siguiente manera: «La determinación de la presencia de las lenguas oficiales (castellano y catalán) en la enseñanza debe tener en cuenta la realidad sociolingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los elementos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas». Pero a las pocas horas del acuerdo, JxCat se echó atrás al no poder aguantar las presiones de los sectores más radicales del independentismo y, hasta hoy, sigue sin sumarse. Su condición para regresar al pacto es que haya el «máximo consenso político y social», exigencia muy ambigua porque evita dar detalles de contenido y porque es muy difícil de ampliar el consenso.

¿Por qué? Porque consenso político ya había en el momento del acuerdo: lo apoyaban 106 diputados de los 135 del Parlament y es prácticamente imposible ampliarlo más (se quedaban fuera Vox, CUP, PP y Cs). Y, porque consenso social también es muy difícil ampliarlo: es prácticamente inviable poner de acuerdo a las dos entidades de referencia de cada bloque (Asamblea por una Escuela Bilingüe en el constitucionalismo, que defiende el 25% de castellano como mínimo, y Plataforma per la Llengüa en el separatismo, que aboga por el monopolio del catalán). Y, en este sentido, JxCat aspira a hacer cambios que permitan atraer a los sectores más radicales del separatismo (como Plataforma per la Llengua o la ANC), algo que choca frontalmente con el PSC.

En la sala de máquinas de los socialistas catalanes aseguran que no van «bascular» de posición y van a permanecer en lo acordado hasta ahora: el acuerdo no es una cuestión improvisada, sino que es fruto de dos meses de trabajo en los que estuvo JxCat y Laura Borràs salió en la foto (pese a que ahora parezca liderar la revuelta contra el acuerdo). Y, además, advierten: «¿Qué es el consenso social? ¿Que solo estén las entidades afines a JxCat?».

En este sentido, es inviable la operación que pide JxCat: unir al PSC y los sectores más radicales del independentismo. También cabe decir que Esquerra ha advertido que tampoco hay mucho margen para cambios y, por tanto, se desmarca de las peticiones de los posconvergentes. Hay quien dice que si hay algún cambio, será algo anecdótico, que no afectará a la esencia del contenido acordado, pero que dé una salida a JxCat para que vuelva al entendimiento.

También está la cuestión del calendario. El acuerdo está previsto que se debata y se vote en el Pleno del Parlament entre el 26 y el 28 de abril, fechas que permitirían prácticamente poner en marcha la medida antes de que el TSJC dirima las demandas presentadas por el constitucionalismo para forzar al Govern a aplicar la sentencia.

Lo cierto es que también habrá que ver si esta medida permite dar cumplimiento a la sentencia porque luego el Govern tendrá que desplegarla mediante reglamento. En el PSC defienden que la sentencia se tiene que cumplir y recuerdan que se han cumplido todas las relacionadas con el 25% del castellano: 12 durante el mandato de Torra y nueve en esta legislatura.