La Guardia Civil se persona para el cumplimiento del 25 % de clases en castellano

La asociación de guardias civiles Jucil ha justificado su legitimidad para personarse en la causa y pedir la ejecución de la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano alegando que los miembros del cuerpo tienen “destino forzoso” en Cataluña.

Lo ha explicado el abogado y presidente de Convivencia Cívica Catalana Ángel Escolano en declaraciones a los periodistas ante la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), donde ha acudido para un trámite del procedimiento junto a la secretaria de Jucil en Barcelona, Milagros Cívico, y el portavoz de Hablamos Español, Alejandro Navarro.

Pueden pedir la ejecución de la sentencia del TSJC las partes que ya participaron en la causa --en este caso, la Abogacía del Estado-- o bien quienes demuestren un interés directo en que se aplique, y Escolano ha detallado que la petición de Jucil para personarse apela al derecho a la conciliación familiar y a que los hijos de los guardias civiles en Catalunya puedan estudiar en castellano.

En paralelo, estas entidades preparan otros recursos probando distintas vías para conseguir la legitimidad para pedir ejecutar la sentencia: Convivencia Cívica Catalana y Hablamos Español han apelado a su trayectoria como entidades por el bilingüismo, han presentado demandas individuales de padres --que afectarían solo a la escuela donde estudien sus hijos-- y preparan otras a través de AMPAs.

Escolano ha explicado que están creando “AMPAs alternativas” a propósito para poder presentar las demandas, de momento trabajan para registrar 28 y aspiran a crear una federación de AMPAs que pida ejecutar la sentencia si las otras vías no funcionan.

“Si no se admite la legitimidad de nadie se crea un espacio de impunidad, es antidemocrático. No entendería que me digan que nadie puede ejecutar una sentencia firme porque la ley dice que la pueden ejecutar las partes o los afectados”, ha dicho Escolano al mostrarse convencido de que alguna de las cuatro vías de peticiones prosperará.

La secretaria de Jucil en Barcelona, Milagros Cívico, ha llamado “a todas las familias que se vean afectadas” por la no ejecución de la sentencia a registrarse como afectados en el TSJC, y ha reclamado una indemnización de 450 euros por cada trimestre que no se aplique la sentencia.

“Nos quejamos de que todas las asignaturas son en catalán y no tenemos derecho a que nuestros hijos estudien en castellano”, y ha asegurado que defienden una educación bilingüe.

Jucil se ha marcado como prioridades en 2022 reclamar al Gobierno más dinero para completar una “equiparación total” con respecto a policías autonómicas y poner remedio a problemas como la falta de colegios “en los que sus hijos estudien en castellano en Cataluña”. También ha denunciado la falta de material como chalecos antibala individuales o “retirar definitivamente la anticuada aplicación del Código Penal Militar”.

El secretario general de esta asociación profesional, Ernesto Vilariño, ha lanzado estos mensajes en la asamblea anual de secretarios provinciales de JUCIL, la asociación surgida de la plataforma Jusapol, al igual que JUPOL, que también es sindicato mayoritario en la Policía Nacional. Estas organizaciones rechazaron el acuerdo de 2018 que otorgó 807 millones de euros en concepto de equiparación salarial para policías y guardias civiles.

La intención, según ha destacado JUCIL en un comunicado, es “revertir la inacción de los últimos años”. Como ejemplo ha citado la manifestación contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana --’ley mordaza’ para sus detractores--, sobre la que han presentado un informe encargado a expertos de la Universidad San Pablo CEU. “Mantenemos nuestro espíritu reivindicativo y saldremos a la calle para reclamar nuestros derechos cada vez que sea necesario”, ha avisado.

La asociación ha recordado sus denuncias por la situación de los agentes en la valla de Melilla. Este lunes enviaron al Defensor del Pueblo un informe donde recuerdan las heridas causadas en los últimos saltos masivos de migrantes, así como la falta de guardias civiles en el perímetro fronterizo, que ellos cifran en superior al centenar de agentes.

“Seguimos sin chalecos antibala individuales, durante el 2021 reclamamos fundas antihurto para nuestras armas y lo seguimos reivindicando, al igual que cámaras unipersonales que graben nuestras intervenciones y, entre otras muchas cosas, un cambio que retire definitivamente la anticuada aplicación del Código Penal Militar a nuestras actuaciones policiales y a nuestra vida civil”, ha indicado Ernesto Vilariño, que ha reivindicado el “frente común” junto a JUPOL y CSIF.