ERC cerca a Sánchez y se plantea dinamitar la legislatura

La experiencia invita a pensar en que las amenazas de Esquerra al Gobierno quedarán en agua de borrajas. Hasta ahora, los avisos de los republicanos se han traducido en muy pocas consecuencias y han seguido dando respaldo al Gobierno en casi todas las votaciones más o menos importantes: es decir, se han comportado como un socio bastante fiable, una estrategia muy buscada y consolidada de los de Oriol Junqueras y que ha demostrado ser efectiva porque ha catapultado al partido a la ansiada presidencia de la Generalitat. Sin embargo, todo puede cambiar con el presunto espionaje a líderes independentistas destapado en los últimos días ya que ERC lo ha etiquetado como la crisis «más grave» desde la investidura de Pedro Sánchez y hay voces internas que advierten «claramente» de que, si el Gobierno no mueve ficha y aclara lo sucedido, dejarán de prestarle apoyo.

De dejar de prestarle apoyo, la legislatura quedaría prácticamente tocada de muerte. Y así lo advierten las mismas voces: la legislatura está «claramente» en peligro si el Gobierno no toma medidas para aclarar lo sucedido. Estas medidas pasan por impulsar una investigación independiente y depura responsabilidades en el Estado. Pere Aragonès ha preferido ser más cauto en público, aunque ha advertido también del momento que atraviesan las relaciones con el Gobierno: ahora mismo, la «confianza» en el Gobierno «está a cero».

Lo cierto es que las señales del Gobierno tampoco invitan a pensar en una reacción que permita contentar a los republicanos porque, de momento, no han dado ningún paso, más allá de declaraciones públicas desvinculándose del presunto espionaje. En la mesa hay una posible cita entre Aragonès y Sánchez: el president ha pedido un «cara a cara», pero en Moncloa se remiten a que el diálogo continuará a través de los «canales» ya abiertos, sin concretar si van a acceder a la petición de Aragonès.

En las próximas horas, Aragonès tiene previsto desplazarse a Madrid para reunirse con los grupos parlamentarios nacionalistas (EH Bildu, PNV o ERC), «víctimas» del presunto espionaje, y Podemos, que está mostrando cercanía con los separatistas. En este desplazamiento se podría dar el encuentro entre Aragonès y Sánchez, aunque ni en el Govern ni en Moncloa especifican nada.

En todo caso, tampoco va a ser muy sencillo para Aragonès salir de todo este enredo y seguir justificando su apoyo al Gobierno. Cuenta, además, con muchas presiones del independentismo más radical, que han aprovechado esta circunstancia para rescatar la confrontación con el Estado. JxCat y la CUP apuestan por liquidar la mesa de diálogo, un extremo que Aragonès quiere evitar. También es cierto que el president ha evitado lanzarse contra el Gobierno y ha mantenido la puerta abierta tanto a la mesa de diálogo, como a mantener la relación con el Estado para determinadas cuestiones sectoriales o «técnicas», entre las cuales se engloban los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Es decir, al fin y al cabo, se puede resumir como «congelar» las relaciones, pero desenfuchando la nevera.

Aragonès también señala principalmente al CNI como máximo responsable del presunto espionaje (así lo hizo ayer en una entrevista en «Rac1»), un mensaje con el que también trata de descargar de implicaciones al Gobierno para evitar por ahora una ruptura definitiva e irreversible. El president trata de medir los pasos mientras da una oportunidad al Gobierno para que tenga un gesto y se pueda dar carpetazo a este asunto, que ha permitido cohesionar puntualmente a un independentismo, que estaba irremediablemente dividido: la foto del martes de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont juntos en Bruselas, junto a dirigentes de la CUP, Òmnium y ANC, para denunciar el presunto monitoreo de los teléfonos móviles de unos 60 políticos separatistas es una imagen inédita, aunque con poco recorrido porque, más allá del revuelo político, tampoco está habiendo mucho seguimiento social de esta causa. El secesionismo ha perdido claramente la calle, su pilar más importante para el «procés».

Por delante, el Gobierno, que ha «olvidado» la carpeta catalana en los últimos meses por los diversos frentes internacionales (Ucrania y Marruecos) y económicos (inflación y pandemia) que han ido surgiendo, tiene que plantearse si cede con algún gesto ante las peticiones del independentismo o asume el órdago de ERC. La legislatura está tomando ya rumbo final, aunque todavía queda año y medio (Sánchez prevé convocar las elecciones para finales de 2023) en el que se tienen que votar muchas cosas importantes, como los Presupuestos o la Ley de Vivienda.

Y sin ERC, el Gobierno ya se ha visto en el abismo: así ocurrió con la contrarreforma laboral de febrero, donde los 13 diputados republicanos votaron en contra y la iniciativa se salvó por un error del PP. Si no, la legislatura podía haber descarrilado hace ya un par de meses.