La investigación del CNI sobre los separatistas partió de una solicitud de colaboración de la Guardia Civil de acuerdo con el juez

Elías Campos, uno de los supuestos instigadores de la campaña contra España, y, en concreto, contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), está siendo investigado por la Guardia Civil en el marco de unas diligencias, que se mantienen secretas, en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, Campos y la mayoría de los que habrían sido sometidos a escuchas por parte del CNI (unos 65), forman parte del núcleo que había diseñado la intentona golpista en Cataluña para crear un “entramado digital” al margen de la del Estado, que incluía hasta un “banco central” y todos los servicios que, en general, puede ofrecer una administración independiente.

El Servicio de Información de la Benemérita (SIGC), con las correspondientes autorizaciones judiciales, lleva desde entonces unas pesquisas en las que, en un determinado momento, solicitó, siempre bajo la dirección del juez instructor, la colaboración del CNI para que, con los medios técnicos de que dispone, realizara unas “infecciones remotas” (escuchas) que no podía llevar a cabo la Guardia Civil con los recursos técnicos disponibles. En el marco de esas pesquisas es en el que se pudieron producir las escuchas a esas 65 personas.

“La colaboración del CNI con la Guardia Civil ha resultado fundamental, no sólo en este asunto, sino, por ejemplo, para acabar de forma definitiva con la actividad criminal de ETA. La colaboración entre ambos organismos es excelente y ha ofrecido resultados espectaculares en investigaciones complejas, que han redundado en la mayor seguridad de España”, subrayan los medios consultados.

Es decir, que lo que se ha presentado desde la entidad canadiense en la que trabaja Campos poco menos que un ataque al independentismo catalán no es otra cosa que la tramitación de unas diligencias judiciales como consecuencia de la citada intentona golpista.

La Guardia Civil y la Policía Nacional cuentan, para las escuchas, que se realizan siempre previa autorización judicial, al amparo de la Ley de Enjuiciamiento Crimina sobre acceso remoto a un terminal telefónico, con el sistema SITEL, mientras que el CNI dispone del Pegasus, con unas capacidades mayores en determinadas circunstancias. Fue, en el marco de esa estrecha colaboración, cuando se solicitó la colaboración del CNI, que la prestó, siempre al amparo de la autoridad judicial.

Estos son, en síntesis, los hechos --añaden las citadas fuentes—y, a partir de ahí, es donde se ha organizado la “escandalera” que, en el caso de España (sólo en nuestro país, cuando se hablaba de más de 1.500 escuchas en toda Europa) ha concluido, al menos de momento, con la aceptación en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de representantes de partidos separatistas y que, en su momento, estuvieron relacionados con el entramado político de ETA). Todo ello, al haber cedido el Gobierno a las pretensiones de convertir este asunto en un juicio mediático al entramada de seguridad del Estado.

Elías Campos ha sido una pieza fundamental para todo ello. Está en el sitio adecuado en el momento oportuno. “En Canadá lo que supuestamente ha hecho es supervisar que saliese adelante esta nueva maniobra de desestabilización contra España en la que estaba trabajando. En el staff de Citizen Lab, la entidad que reveló las supuestas escuchas con Pegasus, está desde enero de 2022″, según otras fuentes de la investigación.

Ha sido la pieza fundamental para que el informe de las escuchas viese la luz. A este respecto, no se debe obviar que quien se presenta como investigador es, a la vez, una persona investiga por la Justicia española, lo que, de alguna manera, podría cuestionar la independencia de las informaciones que aporta.

Sorprende, según las fuentes, que esas informaciones se basen en el examen de los móviles de las personas investigadas, cuando está acreditado que ni Pegasus ni Sintel dejan ningún rastro que pueda ser detectado.

Elías Campos, reconocen los medios consultados, es un auténtico experto en asuntos cibernéticos y se le atribuye el diseño del software que permitía votar a distancia en el referéndum ilegal de Cataluña, abortado por los expertos de la Guardia Civil en vísperas de la ilegal consulta popular.

Dentro de las investigaciones a las que está siendo sometido este individuo por la Guardia Civil figura su supuesta participación en el diseño de la APP Tsunami Democratic, que permitió la coordinación, en tiempo real. de los graves disturbios en Cataluña en vísperas de la sentencia contra los cabecillas del Procés, entre ellas el intento de toma del aeropuerto del Prat y el corte por carretera con Francia, en la Junquera y otros puntos.

La Guardia Civil, con la colaboración en algunos momentos del CNI, trata de determinar, en esas investigaciones que se mantienen secretas, quiénes más pueden estar detrás de la creación de Tsunami y, ante todo, quién puso el dinero para que se pudiera llevar a cabo.

El independentismo articuló una respuesta utilizando Tsunami Democràtic, que marcaba a los integrados en la APP. A la que se accedía mediante la invitación de otro de confianza que ya estuviera dentro, los lugares donde había que realizar los disturbios. Crearon un sistema de generación de códigos QR, imprescindibles para acceder al contenido. Octubre 2019.el informe se refiere a los últimos acontecimientos acaecidos en Cataluña, que han sido dirigidos desde Tsunami, como el intento de asalto al aeropuerto del Prat, en Barcelona

Tal y como informó LA RAZÓN en su momento, la orden de cierreTsunami Democratic, decretada por la Audiencia Nacional, estuvo precedida de un informe de la Guardia Civil en el que se imputaba a los organizadores de este grupo actuaciones que podrían ser constitutivas de delitos de rebelión e incluso terrorismo.

En concreto, el informe se refería al intento de asalto al aeropuerto del Prat, en Barcelona; ataques a vías de comunicación y, en general, todas las actividades desarrolladas por los extremistas para provocar el caos en Cataluña. A la vista de este informe, La Audiencia Nacional ordenó la clausura de las páginas web y los perfiles de redes sociales vinculados a Tsunami. La orden fue impartida a la Guardia Civil por el magistrado Manuel García Castellón,

En el trasfondo de todo este asunto, enfatizan las fuentes, está el perjuicio que se puede ocasiones a los servicios de información españoles (Guardia Civil, Policía, CNI) que, a diario, tienen que pedir colaboración con sus homónimos de otros países. El “espectáculo” que se está ofreciendo, con cesiones a partidos relacionados con las personas investigadas, que ahora tendrán acceso hasta a una Comisión de Secretos Oficiales, no es la mejor tarjeta de visita que se puede presentar de cara al futuro.