Nuevo revés judicial para Colau: un juez tumba sus multas a un fondo de inversión

La alcaldesa de Barcelona pierde otra batalla legal frente a Vauras tras haber quedado al borde la imputación

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. FOTO: Andreu Dalmau EFE

Nuevo revés judicial para Ada Colau. En su guerra contra el fondo de inversión Vauras, ha perdido una nueva batalla después de que un juez haya ordenado a la alcaldesa de Barcelona retirar las sanciones que le impuso por no ofrecer un alquiler social. El Ayuntamiento de Barcelona ha cumplido ya y ha devuelto el dinero. La resolución judicial se ha dictado después de que el Tribunal Constitucional tumbara la ley de vivienda 17/2019. En total, fueron seis sanciones por valor de 417.000 euros que se aplicaron cuando la norma estaba en vigor, según el consistorio.

Este varapalo se produce una semana después de que la Audiencia de Barcelona dejara a Colau al borde de la imputación por los delitos de prevaricación y coacción en el marco del pleito judicial que tiene abierto con este fondo de inversión. Según ha avanzado este martes “Tot Barcelona”, el consistorio recibió la resolución a principios de abril y ha retirado las sanciones a finales del mismo.

Lo cierto es que Colau empezó ganando la guerra judicial contra Vauras, pero, poco a poco, va perdiendo todas las batallas. Y son batallas significativas porque es en su ámbito: llegó a la alcaldía como activista a favor del derecho a una vivienda y apenas ha sido capaz de construir pisos sociales y, encima, puede caer derrotada frente a uno de sus principales enemigos: los fondos de inversión con propiedades residenciales.

En este sentido, recientemente, un juez tumbó inicialmente una querella de Vauras contra el Ayuntamiento, pero presentó posteriormente un recurso y la Audiencia de Barcelona lo ha estimado una parte y ha dejado a Colau al borde de la imputación. Los magistrados de la Audiencia provincial han ordenado al Juzgado de Instrucción 18 de Barcelona que investigue tanto a Colau como a los concejales Marc Serra y Lucía Martín.

En concreto, los magistrados rechazaron por falta de indicios investigar a los tres dirigentes por presunta extorsión, revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas, como pretendía la querella, pero sí aceptaron que sean investigados por presunta prevaricación y coacción. Según la Sala, sí podría ser delictivo “compeler ilegítimamente” al fondo de inversión “para forzarle a ceder” para alquileres sociales determinados inmuebles de su propiedad utilizando para ello como “mecanismo intimidatorio” la amenaza de “no conceder” a la empresa determinadas licencias de obras o no desbloquear las que ya tenía paralizadas. “Tales supuestas coacciones habrían tenido lugar en las reuniones celebradas el 31 de octubre de 2019 y el 5 de febrero de 2020″, señala el auto judicial. Y la Sala señala también que hay indicios de esas presiones en una declaración pública de la concejal de vivienda Lucía Martín, que estuvo en esas reuniones.

El bloque del edificio en cuestión es el conocido “Bloc Llavors”, un icono en Barcelona del movimiento okupa, que no fue desalojado hasta el sexto intento. No se desalojaron las últimas tres viviendas en este bloque hasta el pasado 21 de mayo de 2021. El bloque de viviendas se encuentra en el barrio de Poble Sec, en la calle Lleida número 38. La okupación del edificio se produjo en 2017, pero el fondo de inversión lo había adquirido un año antes, en 2016, para reformar las viviendas.

Colau ya está imputada por otro caso: tuvo que acudir a declarar el pasado 3 de marzo por las supuestos subvenciones a entidades afines. En ese caso, la alcaldesa está imputada por los presuntos delitos de malversación, fraude en la contratación, prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, después de aceptar la querella de la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática (ATCD).