Polémica lingüística

El Gobierno esquiva pedir la ejecución del 25 % en castellano

La Abogacía del Estado reconoce la legitimidad de la Escuela Bilingüe para recurrir en las alegaciones al TSJC

La sede del TSJC, en Barcelona
La sede del TSJC, en BarcelonaEuropa Pressfreemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@663fb8ff

La Abogacía del Estado pidió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que no active la ejecución forzosa de la sentencia que fija un 25% de castellano en el sistema educativo catalán hasta que evalúe el grado de cumplimiento de las medidas anunciadas por el Govern de la Generalitat en respuesta al fallo.

En un escrito de alegaciones , los servicios jurídicos del Estado comunicaron al tribunal que la Generalitat “ha justificado el inicio del proceso de tramitación de dos medidas normativas (legal y reglamentaria) y una medida de control”.

Se refieren al registro de la proposición de modificación de la ley de Política Lingüística, al inicio del trámite para redactar un proyecto de desarrollo del régimen lingüístico del sistema educativo catalán, y al encargo de una encuesta sobre la realidad sociolingüística.

Son los tres elementos que esgrimió la conselleria de Educación de la Generalitat en un escrito al TSJC una vez se agotó el plazo de dos meses en el que no se podía pedir la ejecución forzosa.

Además, la Abogacía del Estado recuerda que la sentencia del 25% reconocía a la Generalitat «una libertad en la elección de las medidas a adoptar», reservándole al Govern ciertos aspectos en los que --textualmente-- los órganos jurisdiccionales no pueden sustituir a la Administración.

Por ello, opina la Abogacía que para hacer ejecutar la sentencia «deberá apreciar previamente el grado de cumplimiento que implican las medidas comunicadas por la Generalitat».

Dicha valoración «será esencial para pronunciarse sobre si concurre o no el presupuesto fáctico que justifica la ejecución forzosa”.

La Abogacía recuerda que la sentencia justificó la «acción judicial por inactividad» de la Administración --no haber desarrollado un régimen lingüístico-- y pide que ahora que la Generalitat ha comunicado sus propuestas, espere a analizarlas.

Por otra parte, el Estado no cuestiona la legitimidad de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) como «entidad afectada» para pedir la ejecución forzosa, como hizo el pasado mes de marzo en nombre de 1.643 familias con alumnos en el sistema educativo catalán. En cambio, la Generalitat argumentó que AEB no estaba legitimada para hacerlo porque «no tiene la condición de persona afectada».

Fuentes de la AEB destacaron que el escrito de alegaciones implica que el Estado constata que la Generalitat todavía no ha cumplido con la sentencia, en el sentido de que no pide evitar la ejecución sino someterla a un análisis previo de la respuesta del Govern.

Profesores con derechos

Por su parte, la entidad probilingüismo y constitucionalista Hablamos Español anunció ayer que profesores de todas las comunidades autónomas han creado la Plataforma de Profesores por la Libertad de Elección de Lengua. En un comunicado, explican que el objetivo, o uno de los más importantes,es «proteger nuestros derechos lingüísticos constitucionalmente reconocidos, y para trabajar en pro de la presencia del español en la enseñanza, desde la perspectiva de la libertad de elección de lengua y de un escrupuloso apartidismo».

Hablamos Español ha estado recibiendo, desde su creación, ofrecimientos de colaboración y peticiones de ayuda por parte de numerosos profesores de todas las comunidades autónomas, de aquellas con cooficialidad lingüística y de las que tienen una lengua oficial.

Por lo tanto, la nueva plataforma está formada por profesores de diversa edad y procedencia, e imparten diferentes niveles educativos y asignaturas, y los que se unan tendrán amparo jurídico. Los puntos principales que ofrecen, explican, son «un espacio de apoyo y asesoramiento legal», especialmente en asuntos como las «trabas para poder utilizar el español como lengua de la administración educativa», «imposición abusiva del conocimiento de una lengua diferente del español» y las «barreras lingüísticas para optar a un concurso oposición, o a un traslado laboral».

Hace muy pocos días, Hablamos Español y Convivencia Cívica confirmaron que siguen llevando a cabo acciones conjuntas de este tipo en Cataluña.