La justicia da 15 días al Govern para ejecutar el 25% de castellano en las aulas

Cuenta atrás para el fin de la inmersión lingüística en Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano. Es decir, una clase más en español que la propia de lengua -debe ser una asignatura troncal- en todas las escuelas públicas y concertadas.

El TSJC ha explicado este lunes que ha requerido al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray (Esquerra), con el fin de que “dicte las instrucciones y establezca garantías de control” para que todos los alumnos del sistema educativo catalán reciban al menos el 25% de horas de clase en castellano en un máximo de dos semanas. La Generalitat, por su parte, ha anunciado que recurrirá.

En un auto, la sección 5ª de la sala contencioso-administrativo alto tribunal catalán da este ultimátum a la Generalitat para que todos los alumnos “reciban de manera efectiva e inmediata” la educación mediante la utilización vehicular “normal” de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que “no pueden ser inferiores al 25% en uno y otro caso”.

Además de apuntar hacia Cambray y hacia la conselleria de Educación, el TSJC insta a la Alta Inspección Educativa -dependiendo del Gobierno- “a efectos de verificar el cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia dictada en estas actuaciones en el conjunto del sistema educativo de Cataluña, informando al tribunal de la actividad desplegada y de la situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado”.

El tribunal ha tomado esta decisión tras la petición que hizo la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) para forzar la ejecución de la sentencia. De hecho, la entidad de referencia presentó una demanda ante la Justicia con el apoyo de 1.643 familias con alumnos en la escuela pública para que se ordene a la Generalitat a cumplir con el 25% de castellano.

Una petición de la justicia que llega después de que el propio Gobierno se pusiera de perfil y rechazara pedir la ejecución del 25% de castellano en su escrito de alegaciones ante el TSJC. En concreto, la Abogacía del Estado reclamó al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que no active la ejecución forzosa de la sentencia que fija un 25% de castellano en el sistema educativo catalán hasta que evalúe el grado de cumplimiento de las medidas anunciadas por el Govern de la Generalitat en respuesta al fallo.

Esta resolución tiene una relevancia capital para el castellano porque abarca a “todos los alumnos” del sistema educativo catalán. Hasta ahora y tras un recurso de la Generalitat en 2012, aquellas familias que quisieran que sus hijos recibieran un 25% de las clases en castellano debían recurrir ante la Justicia y tan solo se aplicaba esa cuota a su “entorno escolar” (su aula).

El TSJC argumentó en la resolución de diciembre de 2020 -avalada por el Supremo- que de la documentación aportada –por la propia conselleria de Educación de la Generalitat– se desprende que el «uso vehicular de la lengua castellana en el sistema educativo de Cataluña es residual, o al menos así es en una parte significativa de lo centros y grupos docentes, de forma que se constata una infracción del marco jurídico vigente» en alusión al Estatuto catalán, la Ley de Educación de Cataluña, la Ley Orgánica de Educación y varias sentencias del Tribunal Constitucional.