Y la Mesa

El TSJC juzgará a Roger Torrent por desobediencia el 12, 13 y 15 de julio

El ex presidente del Parlament y actual miembro del Govern de Aragonès se sentará en el banquillo de los acusados junto a los dirigentes independentistas de la anterior Mesa

El actual conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, en el pleno de la semana pasada
El actual conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, en el pleno de la semana pasadaDavid ZorrakinoEuropa Press

Roger Torrent, ex presidente del Parlament y actual consejero del Ejecutivo de Pere Aragonès, se sentará en el banquillo de los acusados por desobediencia al TC el próximo mes de julio. En concreto, juicio al dirigente republicano y a los anteriores miembros de la Mesa. Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, se celebrará el 12, 13 y 15 de julio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Así consta en una diligencia del TSJC hecha pública este lunes sobre la causa contra los cuatro investigados por presuntamente desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) en 2019 al tramitar propuestas de resolución sobre el proceso independentista: una reivindicaba la autodeterminación y otra reiteraba la reprobación al Rey.

Las sesiones serán de mañana y tarde, empezarán a las 10.00 horas y el juez ha admitido el interrogatorio de los tres acusados como prueba.

Torrent y los tres miembros independentistas de la Mesa se enfrentan a posibles penas de inhabilitación tras ser procesados por desobediencia. En concreto, la Fiscalía pide un año y ocho meses y 30.000 euros de multa para Torrent, igual que para los dos ex diputados de Juntsm Josep Costa y Eusebi Campdepadrós.

Para Adriana Delgado (ERC), que participó solo en una de las tramitaciones de las resoluciones, reclama un año y cuatro meses de inhabilitación y 24.000 euros de multa.

Torrent acudió a declarar el pasado mes de septiembre, justo horas antes de sentarse en la Mesa de diálogo con el Gobierno en el Palau de la Generalitat. En su auto de procesamiento, el TSJC concluyó que existen un “conjunto de indicios” que “permiten afirmar que existe una apariencia razonable y suficiente de que los investigados y la investigada pudieran haber cometido uno o varios delitos de desobediencia grave”.

La magistrada Maria Eugènia Alegret argumentó en su auto que las dos iniciativas parlamentarias -a favor de la autodeterminación y en contra de la Monarquía, impulsadas en 2019 tras la sentencia del “procés”- no debieron ser admitidas a trámite por la Mesa que entonces presidía Torrent ya que habían sido “insistentemente declaradas inconstitucionales” y además contaban “con orden expresa” del Tribunal Constitucional para que el Parlament no las votara de nuevo “por su inviabilidad”.