El PSC pacta con ERC y Junts que el castellano no sea “lengua de aprendizaje” en la escuela

Esquerra, Junts, el PSC y los Comunes –el partido que cobija a Podemos en Cataluña– han cerrado el pacto para aprobar el viernes en el Parlament una nueva ley creada expresamente para dar respuesta a la sentencia del 25% de castellano en las aulas. La norma no fija porcentajes lingüísticos como ordena la justicia, sigue blindando el catalán como lengua “vehicular” y “propia de Cataluña” y sitúa el castellano como idioma “de uso curricular” y no «de aprendizaje», como así pedían los socialistas.

El texto atado a contrarreloj apenas tiene 6 páginas entre el preámbulo, los dos artículos y las disposiciones adicionales de una norma «ad hoc» sobre el «Uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria», el título que recibe.

Un redactado que se asemeja en parte a la reforma de la Ley de Política Lingüística de 1998 registrada a finales de marzo por las cuatro mismas formaciones en el Parlament y de la que el partido de Carles Puigdemont se desmarcó a las pocas horas por la expresa mención al español en el texto. Entonces, el catalán seguía siendo «vehicular» y el castellano era «de aprendizaje» a petición del PSC, categoría que Junts rechazó de plano y por la que Puigdemont se desmarcó del acuerdo. Ahora, PSC, ERC, los posconvergentes y los Comunes han llegado a la categoría de «uso curricular» para sellar el pacto a cuatro.

«El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y la de uso normal en la acogida del alumnado recién llegado. El castellano es empleado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro, de acuerdo con los criterios que se establecen en los siguientes puntos», fija el redactado firmado por los cuatro partidos.

Y dichos puntos son: «La enseñanza y el uso curricular y educativo del catalán y del castellano deben estar garantizados y tener una presencia adecuada en los currículos»; y «el alcance de esta presencia debe determinarse exclusivamente con criterios pedagógicos y de manera singularizada por cada uno de los centros educativos».

Es decir, la nueva ley renuncia a que el español sea «de aprendizaje» al definirlo como «curricular» y omite cualquier porcentaje específico pese a la sentencia del 25%, que ordena una asignatura más que la de Lengua en todo el sistema educativo catalán antes del 31 de mayo.

Y aquí las interpretaciones políticas son dobles y distintas: los socialistas aseguran que la norma incluye la «vehicularidad» del castellano al garantizar su aprendizaje, y el independentismo lo rechaza. De hecho, los cuatro grupos han estado discutiendo desde entonces y no han logrado un acuerdo hasta este martes, en plena cuenta atrás para dar cumplimiento a la sentencia del del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) antes del 31 de mayo.

Y ayer por la tarde, el independentismo junto al PSC y los Comunes registraron la nueva proposición en el Parlament y pidieron tramitarla por la vía de urgencia extraordinaria y lectura única. El objetivo es votarla ya, en el pleno que este miércoles empieza y el viernes termina en el Parlament, y que sirva de armazón para responder al 25% de castellano.

En todo caso, el paraguas jurídico que el independentismo quiere urdir para responder a los tribunales –tanto en el Parlament como en el Govern, con un decreto ley en elaboración– no exime a Josep González-Cambray (el consejero de Educación) de tener que dar instrucciones claras a los colegios antes del 30 de mayo, como así ordena el TSJC.

En paralelo, el Govern de Pere Aragonès ultima un decreto ley con la firma de Esquerra y Junts que vaya más allá, rechace explícitamente los porcentajes lingüísticos –en la ley simplemente se omiten–y cargue toda la responsabilidad a la Generalitat.

En este aspecto, ERC y el Govern recogen la exigencia de Junts de dejar en manos únicamente de la Consejería de Educación, con el republicano Josep González Cambray a la cabeza, la elaboración y aplicación de los modelos educativos de cada centro. Es decir, que libere a los directores y profesores e implique a un departamento en manos de los republicanos ante un hipotético escenario de desobediencia.Un escudo que aprobarán en una reunión extraordinaria esta semana.

Y en el otro extremo, la CUP se ha desmarcado por completo de ambas iniciativas al considerar que tanto la ley y el decreto acaban con el modelo de inmersión monolingüe en catalán y ya ha avisado que no las votará. El Govern, por tanto, necesitará el concurso de los Comunes para queea posible convalidar el decreto en el Parlament y así sumar mayoría absoluta.