Ofensiva de partidos y entidades contra el Govern por desobedecer con el 25% de castellano

Ofensiva de partidos y especialmente de entidades contra el Govern por incumplir la sentencia del 25% de castellano en las aulas una vez vencido el plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Frente al triple desafío de la Generalitat –ha ordenado a los colegios no aplicar porcentajes, mantener la inmersión y prevé retirar el 25% en aquellos centros que ya lo imparten mediante un decreto y unas instrucciones unilaterales– la sociedad civil mueve ficha a través de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la asociación de referencia que ha recurrido de nuevo a la justicia para lograr la ejecución del fallo.

En concreto, la entidad presidida por Ana Losada –la misma que logró la ejecución forzosa de la sentencia del 25% con el aval de más de 1.600 familias a través de la plataforma Escuela de Todos– ha presentado un nuevo escrito al TSJC para que valore posibles vías penales contra el titular de Educación, Josep González Cambray por su «voluntad incumplidora» y con la vista puesta en un posible delito de desobediencia. También solicita a los magistrados una multa de 1.500 euros diarios –al actual consejero o a su sucesor en el cargo en caso de que se produjera un relevo en el Govern– mientras no conste «de manera efectiva» que «todos los alumnos catalanes reciben al menos un 25% de docencia en cada una de las lenguas oficiales con carácter vehicular».

En paralelo a estas dos peticiones concretas, la sanción y la investigación contra Cambray, la AEB también se vuelca en lograr la ejecución del 25% de castellano en las aulas. Así, abre una nueva vía al reclamar al TSJC que requiera directamente a los directores de los centros educativos a fin de que den cumplimiento a la sentencia. Y aquí la asociación probilingüismo usa un cuestionario similar al que el Govern remitió a los 5.000 colegios catalanes con dos preguntas: una sobre la vehicularidad de las dos lenguas, y la otra sobre el número de horas lectivas que imparten en catalán y castellano.

«Lograremos que la sentencia se cumpla en todos los centros», ha asegurado Losada en rueda de prensa junto al presidente de Impulso Ciudadano y asesor jurídico de la AEB, José Domingo, quien ha cargado contra la «desobediencia abierta y pública» del Govern de Pere Aargonès. «Les pedimos a las familias que confíen, nos gustaría creer que en septiembre va a empezar un nueva escuela que, 30 años después, respete los derechos de todos los catalanes», ha zanjado Losada.

La ofensiva contra la Generalitat y contra Cambray por haber incumplido la sentencia del TSJC llega también desde la esfera política. Ciudadanos ha ido más allá y ha denunciado al republicano ante la Fiscalía por un delito de prevaricación y otro de desobediencia presuntamente cometido al no cumplir la orden de la justicia. De hecho, desde el partido naranja acusan al consejero de Educación de «coaccionar» a los directores de escuelas e institutos al impedirles abiertamente que impartan más horas de castellano en las aulas. Cabe recordar que este martes, Cambray fue tajante sobre el papel de los docentes: «Un profesor no puede escoger en qué idioma hace clase, debe hacerlo en la lengua que fija el proyecto lingüístico».

La asociaciones Hablamos Español y Convivencia Cívica también han optado por sendas denuncias por desobediencia y prevaricación.

En paralelo, Vox se ha sumado a PP y Cs para hacer un frente común contra el decreto ley sobre el catalán y lo recurrirán tanto al Constitucional como al Consejo de Garantías Estatutarias.