El Institut Agrícola apoya el plan para crear un hub agroalimentario en el área metropolitana de Barcelona

La amenaza de una crisis alimentaria por la guerra de Ucrania ha puesto en alerta a todo el mundo y ha acelerado algunos movimientos: por ejemplo, los ayuntamientos de Viladecans, Gavà y Sant Boi han presentado un plan para convertir el Baix Llobregat en la punta de lanza de un hub agroalimentario, una acción que ha recibido el respaldo del Institut Agrícola y Foment del Treball. ¿El objetivo? Aprovechar las más de 3.500 hectáreas de terreno productivo para garantizar la soberanía alimentaria del área metropolitana de Barcelona.

En este sentido, el plan que han presentado los tres ayuntamientos está alineado con el que ya presentaron el 21 de marzo el Institut Agrícola y Foment del Treball. “Un proyecto ambicioso, pero tremendamente necesario, ante un posible corto-medio plazo de desabastecimiento de productos básicos en los mercados internacionales, del que alertan las autoridades europeas y españolas”, ha avisado el Institut Agrícola en un comunicado, quien también considera que la “dependencia” de las importaciones de países extracomunitarios “está haciendo perder competitividad a la economía agroalimentaria catalana, cuando ésta es perfectamente capaz de ofrecer las materias primas necesarias”.

Si bien, la organización agraria diagnostica que el problema radica en “la falta absoluta de coordinación entre producciones, la falta de predictibilidad de lo que se va a producir, cuándo y dónde (fundamental para los transformadores y distribuidores) y la llegada a mercado a precios razonables tanto para el agricultor de base como para la industria y, evidentemente, para el consumidor final”.

Para poner remedio, el Institut Agrícola plantea cuatro peticiones: dotar de seguridad jurídica a las inversiones a realizar, situando entre los principales elementos de actuación el sistema hídrico para acabar con las constantes inundaciones de los terrenos cuando se producen lluvias; proteger la propiedad privada y facilitar el relevo generacional en las explotaciones porque hay actualmente una “fiscalidad confiscatoria” que dificulta el traspaso de padres a hijos; mejorar la colaboración público-privada de los centros de investigación, universidades y explotaciones de base; e, intensificar la coordinación entre los diferentes planes de ordenación del territorio.