Las elecciones a Fomento del Trabajo tendrán lugar el 18 de julio

En apenas un mes, el 18 de julio, la patronal catalana Fomento del Trabajo celebrará elecciones, tal y como ha aprobado la junta directiva. El presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, propuso este “ajuste electoral” ante la incertidumbre económica y la inestabilidad de los indicadores económicos, que hacen prever un “otoño caliente”.

”Los empresarios debemos estar preparados para defender al máximo nuestras compañías, su competitividad y solvencia; y para poder hacer frente a la posible llegada de un huracán económico con todas las herramientas y mecanismos”, ha explicado Sánchez Llibre, en la presentación hoy de los comicios. De hecho, el presidente de la patronal ha reiterado su voluntad de presentarse a las elecciones y repetir mandato, porque se encuentra con ganas e ilusión por continuar con este proyecto: “Me siento fuerte y he podido constatar en estos casi cuatro años de mandato que cuento con una Junta competitiva con muchísimas ideas y talento, que ha sido capaz de afrontar situaciones excepcionales de enorme complejidad”.

El secretario general ha informado de los principales aspectos del plan electoral, como que las candidaturas podrán presentarse hasta el 11 de julio a las 15 horas y la constitución de la mesa electoral será el 13 de julio. Los candidatos a la presidencia tendrán que contar con el apoyo de un mínimo de 40 de los 76 vocales de la junta de la patronal. Las votaciones se realizarán personalmente y no podrá delegarse el voto individual, aunque sí el colectivo.

Como carta de presentación de su candidatura, Sánchez Llibre, se ha propuesto acabar con el déficit histórico de inversiones del Estado en Cataluña. Para ello, Fomento propone la creación de una agencia independiente de control. Sánchez Llibre ha asegurado que la situación de incumplimiento de la ejecución presupuestaria de 2021 “es muy preocupante, alarmante e insostenible” y la ha definido como maltrato por parte del Estado en Cataluña de los distintos Gobiernos sean del color que sean.

Por este motivo, ha señalado Sánchez Llibre ha manifestado que es una “auténtica vergüenza” que el año pasado el Estado solo haya ejecutado en Cataluña el 35,8% de lo presupuestado y que los empresarios catalanes han querido dar un “puñetazo” " sobre la mesa para intentar revertir esta situación que se repite durante los últimos 12 años ―desde 2008 Cataluña acumula un déficit de inversión de 35.000 millones del conjunto de Administraciones de Infraestructuras―.

Con la creación de esta Agencia, Fomento del Trabajo quiere que de una vez la inversión ejecutada en Cataluña cumpla la que se establece por ley en la disposición adicional tercera del Estatut, que debe ser equiparable a la participación relativa del su PIB en relación con el del Estado, que sería aproximadamente un 20% de la inversión. Esta realidad pactada es la que, en teoría, debería permitir la planificación y ejecución de infraestructuras que son vitales para el correcto desarrollo de un territorio estratégico, cuya capacidad para generar actividad económica e industrial está más que reconocida y considerada como uno de los principales activos del Estado español.

No se trata tan sólo de que, tradicionalmente, las inversiones se planifiquen por debajo del peso de la economía catalana en el conjunto del Estado, sino que se repite una realidad que agrava aún más esta situación: la inversión que el Gobierno ejecuta en Cataluña queda por debajo de la que aparece en los presupuestos, es decir, se sucede un incumplimiento recurrente de lo aprobado por ley. “Con esta iniciativa extendemos la mano a todas las Administraciones para establecer la máxima complicidad, y una dosis más de rigor y transparencia”, ha destacado el presidente de la patronal.

El objetivo de esta agencia, de carácter independiente y de composición mixta público-privada, sería realizar el control, seguimiento y fiscalización de las ejecución de inversiones previstas en Cataluña y su liquidación; además de promover el estudio y elaboración de proyectos de inversión, su adopción y licitación, y la agilización de los requerimientos medioambientales y urbanísticos.

Sus funciones serían verificar el cumplimiento de los compromisos presupuestarios, analizar el grado de ejecución y realizar informes semestrales sobre el estado de cumplimiento, entre otros.

Estaría formada por representantes del Govern, la Generalitat, asociaciones municipalistas catalanas, el Consejo Asesor de Infraestructuras de Cataluña y los grupos políticos catalanes en el Congreso de los Diputados; y debería comparecer una vez al año ante el Parlamento.