Los defensores del castellano, solos frente a la Generalitat: “Vamos a perseverar”

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), entidad de referencia en defensa del castellano en la educación catalana, no está dispuesta a arrojar la toalla pese a que ahora siente “soledad” ya que el Gobierno se está mostrando cómplice con la Generalitat en su desacato a la sentencia del 25% de castellano. “Vamos a perseverar”, aseguran desde la entidad, que está preparando el escrito de alegaciones para remitirlo en las próximas horas al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que es quien debe valorar cómo se acaba cumpliendo la resolución judicial.

Lo cierto es que el Govern está consiguiendo, de momento, lo que pretendía: alargar todo el procedimiento judicial. Solo cabe ver que la sentencia se dictó en diciembre de 2020 y, a base de recursos, ha conseguido aplazar su aplicación hasta hoy. El primer plazo que tenía para el cumplimiento concluía a principios de abril, pero se negó a hacerlo y adujo que prepararía unas reformas legales. El TSJC, entonces, instó al acatamiento y dio hasta finales de mayo como segundo plazo: el Govern, tampoco cumplió. Y ahora estamos ya en el tercer “round”. “Vamos a ir hasta el final”, explica el abogado Pepe Domingo, que, junto a Ana Losada, son quienes han conseguido ir doblegando a la Generalitat en esta pugna del castellano.

La AEB tiene hasta el 23 de junio para presentar las alegaciones y, a partir de ahí, se verá qué dictamina el TSJC: si toma medidas ya más drásticas o asume la reforma legal que ha introducido el independentismo, pactada con PSC y Comunes. Entre las medidas más drásticas, podría caber la imposición de multas y el requerimiento a los centros educativos para ver si están aplicando el 25% de castellano. Domingo siempre ha rechazado acudir a la vía penal, que ve como última instancia.

La decisión final del TSJC podría llegar hacia finales de este mes para evitar alargar la situación mucho más, aunque visto hasta ahora la efectividad que están teniendo los recursos de la Generalitat para alargarlo todo, el desenlace se hace difícil de prever. En este sentido, desde la AEB reconocen que la Justicia está siguiendo todos los procedimientos establecidos, dando la voz a todas las partes, y eso obliga a prolongarlo todo aún más.

Desde la AEB también lamentan el posicionamiento que está teniendo el Gobierno con todo esto: primero, evitando instar a la ejecución forzosa de la sentencia, mediante la Abogacía del Estado; y, ahora, con la Alta Inspección, diciendo que carece de medios para fiscalizar si se cumple o no el 25% de castellano, tal y como había pedido el TSJC en la sentencia.

Desde el PSC, sin embargo, defienden que el acuerdo con ERC, JxCat y Comunes es un triunfo: defienden que el “castellano es lengua de aprendizaje en la enseñanza no universitaria” porque ahora tendrá “uso curricular” gracias a la Ley aprobada en el Parlament. Los socialistas catalanes han querido mantener el equilibrio en todo este asunto y aplicar la sentencia de una forma flexible, con unos porcentajes que varíen en función de las zonas de Cataluña. En este sentido, también cabe remarcar que el PSC ha tenido siempre en cuenta a la AEB como interlocutor (de hecho, cuando JxCat quiso incorporar a Plataforma per la Llengua, los socialistas también defendieron que estuviera la AEB).

Sin embargo, esa Ley y esa voluntad del PSC ha quedado en agua de borrajas con el decreto aprobado por el Govern, que defiende una desobediencia explícita de los porcentajes del TSJC. Los socialistas han mostrado su rechazo al decreto. “¿Por qué se escandalizan de hablar de porcentajes en la ensñanza y luego los promueven en la enseñanza universitaria?”, ha preguntado este domingo Salvador Illa, dirigiéndose a la Generalitat.