La Generalitat avisa por carta a los profesores de que aumenten las clases en catalán

El conseller Cambray habla de “injerencias de los tribunales en nuestro modelo de escuela”

El conseller de Educación, Josep González-Cambray, interviene en una sesión de control, en el Parlament de Cataluña. David Zorrakino / Europa Press
El conseller de Educación, Josep González-Cambray, interviene en una sesión de control, en el Parlament de Cataluña. David Zorrakino / Europa Press FOTO: David Zorrakino Europa Press

Las entidades probilingüismo y constitucionalistas, con Hablamos Español a la cabeza, alertan de que el departamento de Educación, dirigido por Josep Gonzàlez Cambray, ha enviado una carta que indica que “en un curso marcado por las injerencias de los Tribunales en el modelo de la escuela en catalán, desde el departamento hemos protegido jurídicamente a las direcciones, a los maestros y los proyectos lingüísticos de los centros y ahora estamos desplegando acciones concretas para incrementar el uso del catalán en el ámbito educativo”.

Además, la Asociación por la Escuela Bilingüe (AEB) tuiteó por su parte, en dirección hacia el conseller, que “ante la amenaza de retirar el 25% de castellano a las familias que lo han conseguido : Solo la justicia puede dejar sin efecto estas sentencias y medidas cautelares Le advertimos de las graves consecuencias de incumplir las resoluciones judiciales

Este mismo mes, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha incoado Procedimiento Penal contra el conseller de Educación, Josep González Cambray y ha designado ponente en la causa.

Convivencia Cívica y Hablamos Español presentaron el 1 de junio denuncia ante Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, contra el conseller de Educación, González Cambray, y otros altos funcionarios de su departamento, por los delitos de desobediencia a los Tribunales y prevaricación. Se trata de la primera demanda contra el consejero de la Educación de la Generalitat que los tribunales incoan y el TSJC estudiaba ahora si se admite a trámite o no,y al final así fue, después de cumplirse el plazo para la ejecución de la sentencia del 25% de castellano en todo el sistema público.

El primer delito acarrearía una pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. En el caso del delito de prevaricación podría suponer de siete a diez años de inhabilitación.

Se les denunció por tener en todo momento una clara voluntad incumplidora y por utilizar todo tipo de estratagemas para no cumplir una Sentencia y seguir aplicando la inmersión lingüística obligatoria.

Por otra parte, Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana todavía están a la espera de que el TSJC se pronuncie sobre su legitimación como asociaciones para reclamar el cumplimiento de la sentencia del 25%. Su petición fue presentada el 30 de marzo y aportado apoderamiento el 13 de abril. El Tribunal tampoco ha resuelto la petición presentada por ambas entidades en representación de la AMPA del colegio de San Fost que encabeza la Federación de AMPA que han promovido ambas entidades.

Recientemente, empezó una ofensiva de partidos y especialmente de entidades contra el Govern por incumplir la sentencia del 25% de castellano en las aulas una vez vencido el plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Frente al triple desafío de la Generalitat –ha ordenado a los colegios no aplicar porcentajes, mantener la inmersión y prevé retirar el 25% en aquellos centros que ya lo imparten mediante un decreto y unas instrucciones unilaterales– la sociedad civil mueve ficha a través de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), la asociación de referencia que ha recurrido de nuevo a la justicia para lograr la ejecución del fallo.

En concreto, la entidad presidida por Ana Losada –la misma que logró la ejecución forzosa de la sentencia del 25% con el aval de más de 1.600 familias a través de la plataforma Escuela de Todos– ha presentado un nuevo escrito al TSJC para que valore posibles vías penales contra el titular de Educación, Josep González Cambray por su «voluntad incumplidora» y con la vista puesta en un posible delito de desobediencia. También solicita a los magistrados una multa de 1.500 euros diarios –al actual consejero o a su sucesor en el cargo en caso de que se produjera un relevo en el Govern– mientras no conste «de manera efectiva» que «todos los alumnos catalanes reciben al menos un 25% de docencia en cada una de las lenguas oficiales con carácter vehicular».